La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Dámaso López Serrano, el Mini Licenciado, autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, sigue bajo proceso por otros delitos en Estados Unidos, pero se insistirá en que sea extraditado a México lo más pronto posible.
Luego de que trascendiera la liberación del Mini Licenciado, la FGR consultó la situación jurídica del acusado con el Departamento de Justicia y entonces explicó por qué sigue pendiente cumplimentarle la orden de arresto federal en su contra, cuyo mandamiento judicial fue obtenido desde enero de 2020.
De acuerdo con el informe, se solicitó que el Área de Asuntos Internacionales contactara a las autoridades estadounidenses para conocer las resoluciones del caso en la Corte del Distrito Sur de California, donde este 16 de septiembre se impuso la sentencia de tiempo cumplido contra López Serrano y se le otorgó libertad supervisada de cinco años.
“El Departamento de Justicia de los EUA, ha informado, verbalmente, que dicho individuo sigue procesado por otros delitos en ese país”, aseguró la FGR en un breve comunicado.
Posiblemente, la comunicación se haya tratado de una llamada telefónica entre representantes autorizados de ambas instituciones para coordinar que el Mini Licenciado no se escabulla tan fácilmente por el crimen que le es atribuido en México.
“La FGR insistirá en su gestión de extradición hacia México para que ésta, se lleve a cabo a la brevedad posible”, afirmó la dependencia ministerial encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Debido a los cargos que enfrenta en Estados Unidos no se ha podido acelerar el proceso contra Dámaso López Serrano, para que sea juzgado por el caso del periodista Javier Valdez Cárdenas, ejecutado en mayo de 2017, cuando se dirigía Ríodoce, medio que fundó y donde trabajaba.
Dicha solicitud de extradición ha estado a la espera de su cumplimiento debido a los procesos ya señalados
Desde hace dos años y medio, la FGR cuenta con la orden de captura del Mini Licenciado, así como una ficha roja de Interpol, para que de ese modo se garantice su devolución a suelo mexicano y sea juzgado por su presunta autoría intelectual en el homicidio del periodista.
En febrero de 2020, precisó la dependencia, se obtuvo la primera sentencia condenatoria en contra del sicario que concretó la ejecución en la ciudad de Culiacán, cerca de las oficinas del semanario.
Se trata de Heriberto “P”, quien deberá pagar 14 años de castigo tras las rejas. Mientras que en junio de 2021 fue condenado a 32 años Juan “P”, otro de los cómplices en el asesinato de Javier Valdez.
López Serrano recibió la sentencia por tiempo cumplido de 72 meses en la Corte del Distrito Sur de California, donde fue acusado de narcotráfico, pero su cooperación con las autoridades le benefició para una condena corta, tras entregarse en 2017. Ese mismo año mandó a matar al periodista en represalia a la información publicada y que lo criticaba.
Horas después de su audiencia de este viernes se ha consignado su liberación y se desconoce su paradero, pues aún queda pendiente que se definiera su situación migratoria. Sin embargo, la FGR ha frenado posibles especulaciones y asegura que el caso del Mini Licenciado no termina aún en EEUU.
Mientras tanto, el acusado ya no está bajo custodia del Centro Correccional Metropolitano de San Diego, donde se encontraba encerrado, según registros del Buró de Prisiones que indican que salió de esa jurisdicción horas después de su comparecencia en la corte de San Diego.
Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, manifestó su indignación tan pronto como supo de la sentencia cumplida en Estados Unidos de López Serrano. La periodista y activista exigió al gobierno de México que garantizaran la devolución del integrante del Cártel de Sinaloa para juzgarlo por su presunta responsabilidad en el homicidio del reportero.
También condenó que el Mini Licenciado pueda pasearse como si nada, luego de haber dicho en el tribunal que estaba arrepentido por la violencia y los daños que causó como narcotraficante de alto rango, algo que el juez Dana M. Sabraw aceptó como remordimiento sincero y firmó la orden para que el capo pagara un millón de dólares por ganancias ilícitas en el comercio de drogas.
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