“La plenitud del calderonismo”: cómo y por qué AMLO logró lo que ni Felipe Calderón pudo

Adjudicar al Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) como el causante de los constantes homicidios y agresiones en México ha sido uno de los lugares comunes del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para justificar la ola de violencia que ha logrado contener, pero sin relevantes disminuciones. En tanto, otro de éstos (lugares) es el fortalecimiento militar como cimiento de la estrategia de seguridad obradorista.

A pesar de ello, el Jefe del Ejecutivo ha sido insistente en rechazar las críticas (de organismos, políticos o expertos) que señalan a su gobierno de adoptar una política militarizada, pues, argumentó, los miles de soldados desplegados en todo el territorio “ya no se usan para reprimir o matar heridos como se hacía en la época de Calderón”.

Sin embargo, a ojos del experto en Seguridad Nacional, Víctor Hernández, Andrés Manuel no sólo contradijo su propio llamado a retornar a las Fuerzas Armadas (FFAA) a los cuarteles, también habría logrado continuar e incluso concretar lo que el periodo de Calderón Hinojosa no pudo con sus propuestas de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

En entrevista para Infobae México, Víctor Hernández destacó que López Obrador extendió la misma estrategia que se ha implementado de manera ininterrumpida en los últimos 15 años y en la que el aumento en el despliegue militar resulta proporcional al de los homicidios: “La presencia de militares incrementa la violencia a los municipios a los que llega por muchas razones. (...) Entonces la guerra contra el narco fabrica la crisis que pretende resolver”, puntualizó.

Durante la segunda semana de agosto, una ola de agresiones y narco-bloqueos azotaron a las entidades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán: cinco de las seis más violentas de la República según cifras gubernamentales, y, por ende, prioritarias en la estrategia de seguridad.

Días después, el Gabinete de Seguridad Federal rindió cuentas de los acontecimientos que dejaron entrever - de nueva cuenta - la ineficacia de la estrategia de seguridad. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue contundente: los aseguramientos de narcóticos y de objetivos relevantes impactan en los grupos porque han sido mermados y buscan mostrar cierta fuerza con propaganda criminal (en referencia a los bloqueos y quema de automóviles).

“Es parte de una eficacia en la persecución. Y que hay un despliegue como no había antes”, comentó Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras volvía a jactar de las detenciones efectuadas.

Sin embargo, Víctor Hernández negó que el parámetro del funcionario represente un indicador de efectividad, más bien, aclaró, figura como un deja vú del discurso calderonista y comprueba que “repetir la misma estrategia de Enrique Peña Nieto y Calderón (dan) los mismos resultados”: “Es ridículo”, atajó.

Pese a que Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), aclaró en aquella ocasión que las operaciones no se centran en la capturas de cabecillas, el Gobierno suele presentar este tipo de aseguramientos como “importantes avances” en la estrategia de seguridad ó, en palabras del especialista, un espectáculo mediático.

Esta conducta ha perdurado desde administraciones pasadas y el sexenio de López Obrador no ha sido la excepción, ya que se observó en las capturas de José Bernabé, La Vaca, aprehendido en Ciudad de México (CDMX) o de los propios Caro Quintero, en Chihuahua, y Yépez Ortiz, El Marro, en Guanajuato. No obstante, Hernández destacó que este tipo de detenciones no garantizan el descenso de la criminalidad, ni mucho menos el colapso de las organizaciones: por el contrario, se desata una lucha por el liderazgo.

“Cuando agarras un gran capo o atrapas líderes, las organizaciones criminales no van a colapsar: habrá guerra sucesoria, lucha por el liderazgo, incrementan homicidios y por eso la política de capturar capos en México es tan fallida. (...) Siempre donde hay un vacío de poder hay quien se acerca a tomar su lugar”, atajó.

Por si no fuera suficiente, las inconsistencias de la política de seguridad no sólo se reflejan en las detenciones, también en los procesos judiciales, pues la incapacidad para litigar o procesar una escena del “estorba y tumba” los esfuerzos materiales y humanos Federales para las capturas: “Hace falta una reforma en el sistema judicial mexicano”.

Los cuerpos de policías municipales han sido asfixiados por el excesivo despliegue de las FFAA: hecho que, aún cuando López Obrador lo ha adjudicado como un logro de su estrategia e incluso que a la ciudadanía le resulte lógico, Víctor Hernández insistió en las severas repercusiones que conlleva un despliegue como el observado en el actual Gobierno - más aún, con la intención ya materializada del presidente de integrar a la Guardia Nacional, institución teóricamente civil, a las filas de la Sedena.

La organización Causa Común definió a la institución fundada en 2019 como una “corporación militar dirigida exclusivamente por las Fuerzas Armadas”, la cual presume de un despliegue de más de 100 mil elementos encomendados a 43 atribuciones de materia de seguridad, pero sólo con el 29% de sus elementos con el Certificado Único Policial (CUP) - requisito de ley para los elementos policiales.

Según el informe Guardia Nacional: 3 años de definición militarista, de enero del 2018 a mayo del 2022, integrantes de las FFAA - ya sea en retiro o en activo - han ocupado 163 cargos de la administración pública en instituciones conferidas a seguridad pública estatal y municipal; de salubridad o de transporte.

Bajo ese sentido, Hernández refirió que la ubicación administrativa de la GN figura como uno de los tres incidentes donde las FFAA se impusieron a los presidentes mexicanos; esto, basado en una de las tipologías que Samuel Finer acuña para un golpe de estado: la extorsión ilegítima, es decir, reclamos de los militares al gobierno bajo la amenaza de que, de no ser aceptados, se recurrirán a acciones para que el gobernante decida con base en lo impuesto por los militares como grupo de presión, siendo esto último, “un golpe de estado tácito”.

“Una modalidad de golpe de Estado que es tan especial y única, que no necesita del ejercicio de la violencia cuando se está ejerciendo el poder”, según lo comenta la Doctora. Paola Mendoza Cortés, quien también refirió al escritor británico en su texto Salvador Cienfuegos y el golpe de estado tácito en México.

Los otros dos acontecimientos mencionados por Hernández serían la publicación de la Ley de Seguridad Interior (2017) y el arresto del General, Salvador Cienfuegos Zepeda (2020).

Con estos elementos es que el investigador planteó que México atraviesa por un problema de autogobierno de las Fuerzas Armadas: “A mí no me queda claro de que el presidente sea verdaderamente quien está al mando (...) Donde hay poder y no hay supervisión, hay tentación de abusar de él”, declaró.

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En abril del 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidos exigió a López Obrador cesar con la militarización de México y regresar al Ejército a sus cuarteles tal cual había prometido en campaña - y que recién aceptó haberse arrepentido. Esto, debido a las violaciones graves a los derechos humanos (incluida la desaparición forzada) que se les ha imputado a la Defensa Nacional y Marina desde el 2007.

Además, en 2021 la GN y la Sedena fueron reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como entre las 10 autoridades con más señalamientos por atentar contra las garantías individuales.

Dicha información da pie a la reflexión de Víctor Hernández en la cual destaca que pese a la lluvia de críticas contra el desempeño de los militares, ningún presidente mexicano - al menos en los últimos 50 años - ha cesado a algún Secretario de la Defensa o retirado funciones a los militares. De ahí que insistió en cuestionar quién realmente está al mando de las Fuerzas Armadas y, por ende, si México se encuentra bajo el yugo de un Gobierno militarizado.

“Parece que lo que adquieren (las FFAA), lo adquieren a perpetuidad. Y eso es peligroso. (...) Es un coto de poder que ha permanecido impermeable a la transparencia y rendición de cuentas”, reiteró.

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