El Partido Verde va por prisión preventiva oficiosa por portación de armas de manera ilícita

María del Rocío Corona, diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca que se aplique la prisión preventiva oficiosa a quien se le encuentre portando, traficando o realizando tareas de acopio de armas de manera ilícita.

Este jueves 15 de septiembre, a través de un comunicado oficial, el Palacio Legislativo de San Lázaro informó que la abanderada del Verde, con la finalidad de aumentar las multas a quienes introduzcan al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego, busca integrar este tipo de conductas al catálogo de delitos que ameriten esta medida cautelar.

Para materializar este objetivo, Corona Nakamura planteó modificar el Código Penal Federal (CPF), Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), donde se acredite legalmente que la portación, fabricación, importación, tráfico o acopio sin un fin lícito amerite prisión preventiva oficiosa.

Dicha medida precautoria aplicará también por no impedir esta introducción estando obligado como servidor público y por portación, fabricación, importación, venta o acopio sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa.

En caso de que se encuentre al acusado culpable, la iniciativa busca que se aplique una sentencia de tres a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de ser sujeto a decomiso. Lo cual sería un avance en el sistema punitivo, pues, actualmente, la pena es de tres meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa.

De acuerdo con la diputada del Verde Ecologista, estas sanciones serían aplicables a toda persona que “porte, fabrique, importe, trafique o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas”.

Agregó que las estadísticas en materia de uso de armas de fuego en la comisión de delitos en contra de la población imponen la necesidad de hacer algo para lograr que el tráfico ilícito de armas se sancione con la severidad que amerita.

Durante su exposición de motivos expuso que en 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro robos en el país se realizaron con armas de fuego. Aunado a ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que 2020 cerró con 34 mil 515 homicidios dolosos, de los cuales 70% se cometieron con armas de fuego.

Como si esto no fuera suficiente, se estima que el 80% de las 15 millones de armas ilegales que se encuentran en territorio nacional están en manos de los principales generadores de violencia de México, por lo que consideró como indispensable legislar para contar con un marco jurídico que permita atender adecuadamente y erradicar el tráfico de armas hacia el país, sean o no de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: “Es un delito que ni siquiera asumimos como grave, lo cual evita que pueda ser sancionado con todo el peso de la ley”.

Finalmente, la propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional para su correcta dictaminación, no sin antes sostener que “lo que encontramos o tenemos en nuestro marco jurídico para afrontar al traficante de armas y desalentar o inhibir su actividad ilegal es insignificante”.

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