Normalistas protestaron en la 35 Zona Militar de Chilpancingo y estrellaron un camión en la entrada del cuartel

A pocos días de que se cumplan 8 años desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, padres de los jóvenes y otros normalistas comenzaron con sus jornadas de protesta para exigir justicia por el caso.

Este martes 13 de septiembre, en el segundo día de actividades, las familias de los estudiantes y algunos de sus compañeros acudieron a las instalaciones de la 35 Zona Militar del Ejército Mexicano con sede en Chilpancingo.

Durante su protesta en el cuartel militar, los manifestantes realizaron pintas y arrojaron cohetones y piedras a la fachada para externar su reproche a las Fuerzas Armadas, cuya participación en la desaparición de los 43 estudiantes ha quedado confirmada en las más recientes investigaciones sobre el caso.

Antes de retirarse, los normalistas empujaron un camión repartidor de una empresa de refrescos y lo estrellaron contra la entrada del inmueble. Además, durante el mitin, las familias de los desaparecidos recordaron que el Ejército tenía a un elemento infiltrado, Julio César López Patolzin, que participaba como informante activo.

Sin embargo, a pesar de haber sido desaparecido, la corporación castrense no realizó ninguna labor para buscarlo. En caso de haberlo hecho, los normalistas habrían tenido una oportunidad de ser localizados.

Cabe señalar que alrededor del mediodía, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, se encontraba en ese mismo cuartel, pues acudió a la ceremonia conmemorativa del 175 aniversario la defensa del Castillo de Chapultepec por parte de los Niños Héroes frente a las tropas estadounidenses.

Además de la inacción de las Fuerzas Armadas (FA) ante la desaparición del soldado Patolzin, las más recientes investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia detallaron que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería.

Entre los agentes de las FA que están en la mira de la Fiscalía destaca el excomandante Alejandro Saavedra Hernández, quien se desempeñaba en aquel entonces como comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo.

Según los reportes, Saavedra estuvo al tanto de todos los hechos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, pues tenía acceso en tiempo real al a las comunicaciones de inteligencia del C-4 que investigaban la situación.

Sumado a ello, el entonces comandante Saavedra Hernández había recibido una llamada por parte del gobernador de Guerrero en turno, Ángel Heladio Aguirre, con el fin de esclarecer qué ocurría en esos instantes. Hasta la fecha, todo parece indicar que no hubo seguimiento ni acción alguna por parte del comandante.

Otro hecho que vincula a la Secretaría de la Defensa Nacional con el Caso Iguala es la existencia de una bodega en donde miembros del cártel de Guerreros Unidos mantuvieron vivos a seis estudiantes durante algunos días.

Hay registros de que el 30 de septiembre de 2014, exactamente a las 21:11 horas, la Sedena recibió una denuncia anónima que advirtió la presencia de un grupo de estudiantes en una bodega de Pueblo Viejo.

La presencia de los normalistas en dicho establecimiento habría sido confirmada por los mensajes entre integrantes de Guerreros Unidos que salieron a la luz recientemente.

Cabe señalar que la denuncia recibida por la Sedena fue notificada hasta el 2 de octubre en calidad de “Urgente”, es decir dos días después de su registro.

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