La FGR podría retener a José Luis Abarca, presunto implicado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Alejandro Encinas sostuvo que la Fiscalía General de la República cuenta con los elementos necesarios para procesar al ex alcalde de Iguala

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La FGR podría intervenir para reaprehender a José Luis Abarca (Foto: AFP)
La FGR podría intervenir para reaprehender a José Luis Abarca (Foto: AFP)

De acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR) podría retener a José Luis Abarca, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto después de que un juez federal lo declarara absuelto de los cargos en su contra.

A través de redes sociales, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración explicó este miércoles 14 de septiembre que la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero puede intervenir con la decisión tomada por Samuel Ventura Ramos, juez de Tamaulipas quien, además de liberar a Abarca Velázquez, liberó a otros 77 presuntos implicados.

“Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, condenó desde su cuenta oficial de Twitter.

En consecuencia, aseguró que la Fiscalía General de la República podría intervenir en el caso, mismo que no ha sido esclarecido en dos administraciones federales.

“La FGR tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa”

Y es que Samuel Ventura Ramos absolvió a José Luis Abarca Velázquez del caso ocurrido en Iguala, municipio que presidió de 2012 a 2014 bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con el versado en derecho, no existen pruebas suficientes que acrediten su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes estudiantes en aquella noche del 26 de septiembre de 2014.

Es en este contexto en el que sobresale la importancia del trabajo de la FGR, quien podría apelar la sentencia absolutoria ante un Tribunal Unitario de Circuito, motivo por el cual el ex funcionario permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Aún con esta decisión que lo favorece temporalmente, José Luis Abarca Velázquez no la tiene fácil, pues la determinación de absolverlo es por los dos casos que se le investiga en su presunta responsabilidad de los delitos de secuestro y delincuencia organizada; sin embargo, no son todos, pues también tiene pendiente tres investigaciones más.

La primerea de ellas es por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, y Justino Carbajal Salgado, desaparecidos el 30 de mayo de 2013. Aunado a ello, existen los procesos por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos, cártel señalado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Guerrero.

Cabe destacar que Guerreros Unidos, de acuerdo con diversas investigaciones, es uno de los grupos presuntamente responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Después de la desaparición de los 43, el ex alcalde estuvo prófugo de la justicia mexicana aproximadamente durante un mes y medio y, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se negó a dar la cara de manera inmediata tras la tragedia que cimbró a todo México, con la que se le puso fin al llamado “mexican moment” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Poco tiempo después, el 4 de noviembre de 2014, la pareja fue detenida en Iztapalapa, entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Al respecto, las autoridades federales trasladaron a José Luis Abarca al reclusorio del Estado de México para que se determinara su estatus jurídico y se pudiera dar continuidad con el caso, mismo que no ha sido resuelto en casi ocho años.

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