Este 13 de septiembre, el gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura del caso donde se arrojaron granadas a las personas que celebraban el Día de la Independencia el 15 de septiembre de 2008 en Morelia.
Así lo expresó el gobernador en su cuenta de Twitter a dos días de que se cumplan 14 años de este incidente violento:
“Solicitamos formalmente a la Fiscalía General de la República reabrir el caso de los ataques con granadas a la población civil en Michoacán el 15 de septiembre de 2008, a fin de conocer la verdad sobre lo ocurrido y hacer justicia a las víctimas. #HonestidadYTrabajo”.
La reapertura de la investigación de este caso tiene como objetivo solicitar la intervención de la Policía Judicial, recoger testimonios de las víctimas y obtener pruebas que permitan esclarecer el ataque perpetrado en la capital del estado, el cual fue calificado oficialmente como terrorismo.
Cabe recordar que en su momento, el Ministerio Público solo reconoció a 97 víctimas de este suceso incluyendo a las ocho personas que fallecieron, pero se tienen contabilizadas 123, de acuerdo con México Evalúa.
Con base en un comunicado, el gobernador Ramírez Bedolla instruyó que se solicite la averiguación previa y las investigaciones del caso, argumentando que podrían existir irregularidades en las diligencias realizadas anteriormente.
La intención de esta solicitud es hacer justicia a las personas afectadas de forma directas e indirecta por este suceso, ya que “este hecho victimizante que ha lastimado tanto a los michoacanos no puede pasar impunemente a la historia”.
El gobierno de Michoacán reiteró su compromiso de dar continuidad ante las instancias jurisdiccionales para dar a conocer la verdad sobre el ataque, el cual también fue conocido como los granadazos de Morelia. “Siempre con la voluntad y el sentido humanista que caracteriza a la actual administración para seguir respaldando a las y los afectados de estos lamentables hechos”, se pudo leer también.
Qué pasó el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán
De forma histórica, el presidente de México en turno encabeza la ceremonia conmemorativa por el Día de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, pero en todos los estados del país, el gobernador gobernadora también realiza el Grito de Independencia en diversas plazas públicas o frente al edificio de gobierno.
Durante la noche del 15 de septiembre hacia las 23:00 horas, se escuchó una explosión por detonación de granada justo en el momento en que Leonel Godoy, el entonces gobernador de Michoacán, estaba dando el Grito de Independencia frente al Palacio de Gobierno.
El segundo ataque con granadas se produjo a cuatro cuadras del lugar, en la calle Quintana Roo esquina con Madero. Aunque la reacción fue tardía, rápidamente las personas empezaron a correr y en el sitio quedaron tendidas las personas a las que alcanzaron las esquirlas de la granada. A la fecha, las secuelas con las que siguen viviendo las personas afectadas aún les causan profundos dolores, entre las víctimas había menores de edad.
Cabe señalar que hubo al menos cuatro personas que perdieron una extremidad durante el ataque, pero resultó necesario abrir el caso de nuevo porque a la fecha, no hay responsables por el atentado que puedan reparar el daño.
La sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal fue la absolución de cuatro sujetos que en su momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, un grupo de delincuencia organizada. Posteriormente se descubrió que habían sido detenidos ilegalmente y habrían sido torturados para que se declararan culpables.
En 2015, las personas que sufrieron daños a su salud por este incidente violento interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no había aceptado inscribirlos en el registro de víctimas:
“Hemos sido olvidado por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables, pero ello también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.
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