La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para dar a conocer que no emitirá ninguna acción de inconstitucionalidad por la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a que no se eliminó el estado civil de la nueva corporación de las Fuerzas Armadas.
A través de sus redes sociales fue que se compartió el comunicado de la comisión a cargo de Rosario Ibarra de Piedra, en el cual puntualizaron que su postura se debió a que la reforma que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión se justifica y entiende con la situación de emergencia que atraviesa México.
No obstante, dejó en claro, desde los primero párrafos, que continuarán siendo supervisores de que el actuar sea con apego a los derechos humanos “sin reservas ni titubeos” y que no se pierda el carácter civil con la que fue creada la Guardia Nacional.
“(La reforma) entiende y atiende la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica las reformas y, por lo mismo, coadyuvará a garantizar la preservación del carácter civil de la Guardia Nacional y supervisará su apego a los derechos humanas porque sin reservas ni titubeos está del lado del pueblo”
En la explicación de su postura, la CDNH puntualizó que la reforma cumple con dos principales propósitos al incorporar una nueva corporación a la Sedena: el primero, sería que atiende a la complejidad, diversificación y gravedad de cómo opera el crimen organizado en México, mismo que ha aumentado en capacidad logística, económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto nivel.
Mientras que en segundo punto, se estableció que en la reforma se priorizó la necesidad inmediata de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos que tienen su origen en las particularidades de la Guardia Nacional para seguir atendiendo los retos que enfrenta el Estado mexicano.
“Tanto la iniciativa como el Dictamen aprobado en el Senado, el Ejecutivo Federal y una mayoría de integrantes del Congreso de la Unión asumen la existencia de una crisis de inseguridad y violencia relacionada con la actividad del crimen organizado, frente a lo cual se requieren acciones contundentes”, se pudo leer en el comunicado.
Ante lo cual, reiteraron que “en el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia Nacional”, en cambio, se ofreció una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo de la nueva corporación.
Aunado a lo anterior, la comisión consideró que, dada la situación de violencia que atormenta a la nación, la intervención de la Sedena “puede ser y es admisible”, desde el punto de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad.
“Acorde con los preceptos constitucionales y los estándares internacionales, la participación de cuerpos castrenses, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de la reformas legales”
Finalmente, la comisión pidió que la Guardia Nacional sea considerada como una herramienta del Estado democrático, por lo que expresó que tiene claro que en México no existe un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las “prevalecientes en los sexenios anteriores”, mismo que responde al proceso transformador que vive el país.
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