Qué pasará con el juicio político a Alito Moreno en caso de aprobarse la iniciativa sobre las Fuerzas Armadas

“El fuero no es para encubrir posibles ilícitos al amparo del poder. Así de sencillo y en consecuencia actuamos los Diputados de Morena”, señaló la vicecoordinadora Aleida Alavéz sobre la solicitud de juicio político que promovió el fiscal de Campeche, Renato Sales, contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI por presuntos actos de corrupción cuando estuvo al frente del gobierno de aquella entidad.

La solicitud se presentó el 16 de agosto, y el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna explicó que las autoridades de Campeche solicitaron “la declaratoria de procedencia en relación a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”.

Además, el diputado de Morena adelantó que esta solicitud fue turnada al área correspondiente para seguir el proceso que explica el reglamento de la cámara, el cual apunta que la Sección Instructora debe votar a favor de la declaratoria de procedencia y a su vez esta deberá ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados, algo que en los hechos parecía sencillo para Morena por contar con mayoría.

El 1 de septiembre, durante la entrega del cuarto informe de gobierno de López Obrador, a muchos causó sorpresa el abrazo que se presentó entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y Alejandro Moreno, situación que levantó suspicacias entre la oposición.

No obstante, el 2 de septiembre el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas presentó a través de la diputada Yolanda de la Torre una iniciativa para modificar la Constitución y ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la cual recibió el apoyo público de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Un día después, el sábado 3 de septiembre se avaló a los cuatro integrantes de la Sección Instructora, encargada de analizar y en su caso aprobar la declaratoria de procedencia en contra de Alito Moreno, pero la sorpresa fue que se designó a dos miembros de Morena, uno del PRI y uno más del PAN, y una hipotética votación dividida 2 a 2 estancaría el proceso de juicio político contra Alito.

Ante los señalamientos de un posible pacto entre Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira con Morena para sacar adelante el proyecto de reforma que sigue la estrategia de seguridad del gobierno federal, el líder priista justificó que su partido está del lado de las familias mexicanas.

Por su parte, las dirigencias del PAN y el PRD suspendieron de manera temporal el pacto legislativo y electoral con el PRI al sentirse traicionados por la iniciativa que presentó la bancada tricolor en San Lázaro, misma que Alito Moreno rechazó tajantemente retirarla.

En la segunda semana de septiembre se le cuestionó al diputado y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, sobre el desafuero de Alito Moreno, por lo que el poblano justificó que no hay consigna para dar un trato especial al proceso contra el priista y argumentó que los juicios son muy largos.

“Lleva un buen de tiempo, son procesos largos, implica un juicio, los juicios son muy largos en ese sentido” explicó el legislador de Morena para advertir que el caso no llegará en el corto plazo al Pleno para su votación.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también apuntó que el caso de Alito Moreno no es el primero que debe atender la Sección Instructora, por lo que no será pronto cuando se resuelva el proceso contra el campechano.

Al presentar la solicitud de desafuero, Renato Sales Heredia señaló que el proceso judicial está relacionado con una mansión que el priista construyó en Campeche cuando fue gobernador (2015-2019), la cual está valuada en más de 130 millones de pesos.

Además, indicó que en la investigación que se ha realizado a lo largo de varios meses -misma que incluyó el cateo que se dio a conocer en medios de comunicación-, se encontró que existe una “desproporción” entre los ingresos de Moreno Cárdenas, ya que no coincide lo que se encuentra en la declaración patrimonial con las propiedades valuadas por autoridades competentes.

Asimismo, el funcionario campechano detalló que los polémicos audios que ha presentado la gobernadora Layda Sansores San Román, en donde se escuchó al líder nacional del PRI presuntamente aceptar y cometer delitos, no forman parte de la investigación.

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