El error en creer que el paso de la Guardia Nacional a la Sedena resolverá la seguridad en México

En la noche del pasado viernes 9 de septiembre, la reforma a la Guardia Nacional -propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador- fue publicada en el Diario Federal de la Federación (DOF), con lo cual ahora quedará incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior quiere decir que las fuerzas militares serán las encargadas de realizar las actividades de seguridad pública a lo largo del país, una decisión bastante polémica y cuestionada no solo por el bloque opositor, sino también por analistas y expertos en temas de seguridad.

Y es que a pesar de que la GN fue creada con el objetivo de tener un mando civil, ahora estará sujeta a la jurisdicción militar, pues su control operativo y administrativo será parte de la Sedena. Esta “militarización” de la seguridad podría llevar a graves violaciones de derechos humanos, además de que no garantiza la disminución en los índices delictivos, según han advertido activistas y organizaciones civiles.

Es en ese sentido que la analista de políticas e instituciones de seguridad pública, Lilian Chapa Koloffon, ha señalado que la discusión se ha quedado estancada solo en el despliegue militar, cuando el tema de seguridad es mucho más complejo que encargarle al Ejército la tarea de pacificar al país.

De acuerdo con Koloffon, desde 2006 -año en que el ex presidente Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico, la cual desató una ola de violencia- se ha demostrado que la intervención militar no ha hecho a México un país menos violento, según indicó en su texto publicado en la revista Nexos llamado “Lo que no resolverá la Guardia Nacional militar”.

En cambio, el debate debería centrarse en la “deficiente distribución de responsabilidades” entre los tres órdenes de gobierno, pues son esos “vacíos de autoridad” los que son aprovechados por los grupos del crimen organizado, los cuales no pueden ser resueltos por la GN o mediante medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, aseguró.

La Directora de Proyecto en World Justice Project indicó que, para ello, se tendría que modificar y fortalecer el sistema de procuración de justicia en el país y analizar los diferentes tipos de violencia que comúnmente se ejercen en México. El punto anterior permitiría determinar qué instituciones son las más adecuadas para atender la problemática en cuestión, si le corresponde a la policía estatal, municipal o a las fuerzas federales.

A manera de ejemplo, por un lado se tendrían problemas como los feminicidios, asaltos en transporte público o disturbios en espacios públicos, mientras que un segundo grupo estaría conformado por el tráfico de drogas y armas, homicidios derivados del narcotráfico y despojo de campesiones por parte de comandos armados.

Así como las Fuerzas Armadas no son las más indicadas para prevenir el primer tipo de delitos, la policía municipal no es apta para atender al otro grupo, aunque en algunos estados como Nuevo León o Chihuahua es precisamente eso lo que sucede, debido a la ineficacia o nula participación de una u otra corporación.

De acuerdo con Lilia Chapa, “determinar cuándo se requiere la intervención de otro orden de gobierno, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones” resulta fundamental para combatir la inseguridad. Sin embargo, aún faltaría un elemento para estar más cerca de la pacificación del país (y que no tiene que ver con despliegues militares): la procuración de justicia.

Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios ocupados por grupos criminales sí tiene un peso relevante, se debe ir más allá y proceder con la persecusión penal de los integrantes de las estructuras delictivas a las que pertenecen; de lo contrario, solo sería una mera “estrategia apagafuegos”, como lo menciona Koloffon.

Señaló que se debería hacer una reforma policial que incluya la implementación de unidades de investigación profesionales, en vez de concentrar dichas facultades en el Ministerio Público, pues casi 7 de cada 10 carpetas de investigación que se inician terminan archivadas, según datos de México Evalua.

Así como 60 mil nuevos elementos de las Fuerzas Armadas en la GN no harán de México un país en paz, tampoco el despliegue más numeroso hará funcionar de manera correcta el sistema de procuración de justicia, acotó Lilian Chapa. Además, indicó que se debería prestar atención al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), pues es en ese espacio donde se pueden distribuir las responsabilidades y establecer los lineamientos de las políticas generales en temas de seguridad.

Ejemplo de ello es que aunque en Michoacán se realizó un intenso despliegue de Fuerzas Armadas a inicios de 2022, el estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla alcanzó un núevo récord de homicidio doloso en marzo, cuando se registraron 273 víctimas de este delito, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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