Después de varias semanas en el proceso, la propuesta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo a principios del pasado mes de agosto ya es una realidad: la Guardia Nacional pasó a manos del Ejército. Es decir, ahora los militares tienen a su cargo las actividades de seguridad en todo el país. La decisión ha sido polémica desde que se puso sobre la mesa. El principal reclamo es el peligro que esto puede representar. Organismos como Amnistía Internacional (AI), la ONU y Human Right Watch (HRW) han insistido en las probables concecuencias.
“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, advertía Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en un comunicado.
Mientras que AI rechazó categóricamente la decisión de legalizar la militarización de México, indicando que “representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”.
El pasado viernes por la noche se hizo oficial, con un decreto publicado por el presidente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la decisión de incluir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mismo que informó sobre las reformas a la Ley de la Guardia Nacional, a Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, respecto a Guardia Nacional y Seguridad Pública.
El decreto entró en vigor este mismo sábado, día desde el cual el Ejército tiene oficialmente el control total de la Guardia Nacional. Lo que se tiene previsto es dar de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.
Pero HRW asegura que dejar a los militares en tareas de seguridad pública, solo “agudizará el desastre” de derechos humanos que atraviesa el país. “En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la justicia en estos casos”, puntualizaban.
El organismo también alertó de que el presidente de México tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El despliegue de militares para tareas de seguridad pública durante los últimos 16 años no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos. Los senadores aún están a tiempo para frenar la militarización. Deberían rechazar esta propuesta”.
Amnistía Internacional (AI) y la Alta Comisionada interina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazaron también “categóricamente” la reforma señalando que en los últimos 16 años se han visto “los desastrosos” resultados de la militarización de la seguridad pública en México y por ello llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles.
Edith Olivares Ferreto, director ejecutiva de AI México, indicó que se debe priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. “Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, enfatizó.
AI recordó que el enfoque militarizado en la seguridad pública ha tenido consecuencias “desastrosas” para los derechos humanos, pues más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas en el país, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos.
“La Sedena ha sido objeto de más de cuatro mil quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014″, puntualizó indicando que esa es la preocupación principal de varios organismos internacionales que han advertido sobre la medida. “Preocupaciones y recomendaciones que hoy han sido desestimadas”, insistió.
Además, recordó que tanto AI como otras organizaciones de la sociedad civil han advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida. “México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años”, lamentó recordando que entre 2006 y 2022 los homicidios se han incrementado 218%; en 16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este año) y más del 97 % de las más de 105 mil personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006.
La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Nada Al-Nashif, expresó también su preocupación por la aprobación de esta reforma y consideró que es un “retroceso” para la seguridad pública basada en los derechos humanos.
“Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, señaló Al-Nashif.
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