Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG’s) en defensa de los derechos de la niñez, expresaron su preocupación respecto a las intenciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto al empoderamiento de las Fuerzas Armadas al mantenerlas al frente de la seguridad pública del país.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe aseguraron que, luego de la “fallida” estrategia de seguridad pública militarizada impulsada por Calderón en 2006, el impacto negativo en la seguridad e integridad de las y los ciudadanos ha alcanzado dimensiones preocupantes.
Asimismo y principalmente, señalan que “ha tenido una grave repercusión en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al impedirles el derecho una vida sin violencia”.
Así recordaron el pasado 31 de agosto, cuando Heidi Mariana, de tan sólo cinco años de edad fue asesinada por elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras se dirigía al hospital junto con su mamá y su hermano. Según las investigaciones, la muerte fue provocada por personal de la Secretaría de la Defensa (SEDENA), haciendo uso de la fuerza letal.
De igual forma señalaron que en 2011 el Comité de los Derechos del Niño expresó al Estado mexicano su “inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” en el país.
En 2015, recalcaron que el organismo volvió a pedir que se revisara la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, para que las niñas y niños estén protegidos de la violencia, así como para implementar de manera efectiva protocolos para la protección de sus derechos.
“Repudiamos la militarización que ha ignorado los tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones expresas que organismos internacionales han hecho al país, lo cual no ha traído resultados en favor de la paz y ha continuado dañando a la ciudadanía del país, en particular a niñas, niños y personas jóvenes”, dijeron.
“La militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y los miembros de la fuerza armada son cubiertos por la impunidad. Nos preocupa que pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estándares, manteniendo un negocio multimillonario de muerte y dejando al país bañado en sangre”
Las organizaciones dijeron estar totalmente en contra de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y llamaron al Senado de la República a frenar el militarismo del poder ejecutivo, que, aseguraron, sin responsabilidad de Estado viola abiertamente la Constitución.
En suma llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cumplir con su responsabilidad legal y discutir el paquete de controversias constitucionales que tienen pendientes en esta materia, pues opinaron que es importante que sea un poder autónomo que ayude a reconocer el riesgo que conllevan las medidas impulsadas por el gobierno mexicano.
Finalmente se sumaron al llamado de las organizaciones y organismos internacionales para que el Gobierno y el Senado no profundicen el poder de las Fuerzas Armadas en México.
“La amenaza más grande para la democracia es la militarización de la seguridad pública. Es una condena a vivir en una guerra que se va a recrudecer y el rechazo inminente a la construcción de la paz”, terminaron.
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