Julieta Kristal propuso sanciones más severas ante el incremento de ataques con ácido a mujeres

Cada día se siguen acumulando casos de ataques a mujeres con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico u otras substancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas e inflamables; sin embargo no se tiene el número exacto de víctimas ya que muchos casos que no se denuncian y no se hacen públicos.

Ante esto la Cámara de Diputados aprobó dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en materia de ataques con sustancias corrosivas e intercultural en favor de mujeres de comunidades originarias.

La legisladora señaló que estas agresiones tienen una enorme carga simbólica “ya que no solo causan dolor físico a las víctimas, sino que también las marcan de por vida”. Resaltó que estos ataques se realizan de manera premeditada, para buscar venganza por celos, rechazos sexuales o románticos, “o incluso por no cumplir con roles socialmente asignados.

También destacó que estas reformas son necesarias porque atienden las causas estructurales de la violencia y “porque las mujeres nos queremos seguras, nos queremos tranquilas y nos queremos libres”.

Vences Valencia comentó que el sesgo social y cultural que sufren las mujeres indígenas es preocupante, ya que no cuentan con las estructuras sociales-institucionales adecuadas que les permitan identificar la violencia sistematizada a la que son sometidas.

Señaló que que es necesario implementar en este marco legal la perspectiva intercultural y el pluralismo jurídico, para que las medidas de atención a mujeres en estas comunidades sean eficaces y certeras.

Por su parte, la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez puntualizó la reforma es necesaria en tanto que 6.1 por ciento de las mujeres de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, mientras que 59 por ciento de las mujeres indígenas han vivido violencia emocional, física, sexual y laboral o discriminación.

“Con la aprobación de este dictamen damos uno de los muchos pasos necesarios para la construcción de un país libre de discriminación para ellas, sus pueblos y comunidades; reprendamos con esta reforma el compromiso de garantizar sus derechos como mujeres indígenas, su acceso a una vida libre de violencia, discriminación y exclusión, así como a la justicia, la salud y la educación”, declaró.

Con 480 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Cámara ratificó el dictamen que reforma el artículo 6, fracción II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante el cual se visibiliza y reconoce como violencia física a los ataques perpetuados con ácido.

Uno de los primeros casos que fue de la opinión pública de el de Carmen quien una mañana del 20 de febrero del 2014, fue atacada con ácido por su ex pareja. Efrén “N” llegó a su domicilio tras una separación, arrojándole la sustancia y causando fuertes lesiones en su piel. Su familia la auxilió y decidió llevarla a un hospital, pero ella asegura que los médicos no contaban con protocolos para atender las heridas ocasionadas por el ácido.

El 6 de mayo de 2021, siete años después, Efrén “N” fue detenido por las autoridades y el 8 del mismo mes, vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa. Después de siete años y más de 60 cirugías, Carmen sigue a la espera de justicia, ya que la audiencia para el 12 de octubre en la que se esperaba dictar sentencia contra el presunto responsable, fue cancelada por un par de amparos presentados por su ex pareja para llevar el proceso en libertad. “Si a él lo dejan libre, se pone en riesgo mi vida, la vida de mis hijas, la vida de mi familia y la vida de todas las mujeres de este país”, dijo a Infobae México.

Carmen aún está viva, pero otras seis mujeres en los últimos 11 años que también fueron víctimas de ataques con ácido, no tuvieron la misma suerte, por ello se creó la Fundación Carmen Sánchez, mismas que ha registrado 28 víctimas de ataques con ácido en las últimas dos décadas.

En tanto, Acid Survivors Trust International (ASTI), organización especializada que trabaja con la ONU, calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones de este tipo en el mundo, más del 80% a mujeres y cada vez hay más casos en América Latina.

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