A la par del debate y los cuestionamientos sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otro tema que ha mantenido al presidente López Obrador en el centro de las conversaciones es la discusión sobre la posible inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO).

Y es que este martes 6 de septiembre, por segundo día consecutivo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó su sesión sin un resultado claro sobre este tema.

Será hasta el jueves 8 de septiembre que las y los ministros voten si están de acuerdo con la propuesta de Luis María Aguilar Morales, quien aclaró que no busca eliminar la PPO de manera definitiva, sino mantenerla y aplicarla únicamente cuando el Ministerio Público demuestre su justificación.

Uno de los aspectos que mayor atención ha atraído sobre este asunto es la postura en contra de la iniciativa que ha mostrado la mayoría de los ministros de la SCJN. Dicha inclinación de la balanza, apuntan algunas versiones, podría deberse a una subordinación del Poder Judicial a los intereses de AMLO.

En su más reciente columna para Ejecentral, el periodista Raymundo Riva Palacio opinó respecto al rechazo mayoritario de la Corte al proyecto del ministro Aguilar Morales, lo que calificó como una “victoria política” para el mandatario federal.

En este sentido, hizo referencia a los pronunciamientos que AMLO ha hecho en estos días, desde Palacio Nacional, los cuales habrían funcionado para presionar al máximo tribunal constitucional.

“No creo que se atrevan [a declarar la inconstitucionalidad de la PPO] porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo”, manifestó durante su conferencia mañanera del 5 de septiembre. “[Cancelar el artículo 19] es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo”, agregó.

Teniendo esto en consideración, Riva Palacio aseveró que en este proceso “la política arrastró a los ministros”, ya que AMLO, con sus declaraciones, “los estigmatizó” y “los acorraló”.

Esto, comentó el también analista político, respondería a los aparentes beneficios que tiene la aplicación de la PPO para el gobierno de la Cuarta Transformación y la “narrativa presidencial de que se está combatiendo la corrupción”.

Durante el segundo día de discusión, el ministro presidente Arturo Zaldívar dejó en claro que, bajo su perspectiva, la PPO viola el derecho de presunción de inocencia, pues “lo lógico es que una persona no esté en prisión hasta que haya una sentencia que demuestre su culpabilidad”.

Dos de los casos más emblemáticos relacionados a esto, argumentó Riva Palacio, son los del exsenador Jorge Lavalle y el de Rosario Robles, exintegrante del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto. Ambos fueron detenidos, sin más, al momento de presentarse a declarar sobre las acusaciones en su contra gracias a la PPO.

Frente al escenario actual, el periodista vislumbró que la medida cautelar no tendrá modificación alguna y se mantendrá “como una prisión en automático que anula el principio de la presunción de inocencia y vulnera el debido proceso”.

“Seguirá siendo utilizada a discreción por el Presidente como una poderosa arma de inhibición y terror, pero no para los criminales, como argumenta el gobierno y repitieron ministras afines al Presidente, sino para sus objetivos políticos”, aseguró Riva Palacio.

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