La partería ha salvado la vida de cientos de mujeres, pues de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las mujeres capacitadas para realizar el procedimiento podrían evitar aproximadamente dos tercios de todas las muertes maternas y neonatales.
Tan sólo en México, con esta práctica se logró disminuir la razón de mortalidad materna (RMM) en un 57.8% entre 1990 y 2015, pues a pesar de los avances en la cobertura y calidad de los servicios, persisten en el país enormes brechas en el accesos a una atención calidad en salud materna.
Con el fin de responder a esta situación, el Gobierno de México, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, ha librado un movimiento para fortalecer el rol de las parteras profesionales.
En este contexto, este martes 6 de septiembre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer que se está trabajando en un proyecto de norma para la protección y conservación de la partería.
¿En qué consiste el proyecto sobre partería en México?
Durante la tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró fundamental que haya una norma específica para proteger la partería.
El proyecto, indicó López-Gatell, tendrá como objetivo reconocer la práctica y las capacidades profesionales de las mujeres que la ejercen, tanto en la partería tradicional como en la técnica, así como evocar el legado de los pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados.
Asimismo, a las mujeres que se encuentren en espacios específicos dentro de sus comunidades se les dotará con las condiciones necesarias para que la práctica del parto sea segura “para todas y todos los involucrados”.
“Además de que haya certeza jurídica de este oficio ancestral tan benéfico y tan enriquecedor de las redes integradas de servicios”, agregó.
Y es que según el subsecretario de Salud, la partería se ha extendido a lo largo del tiempo a otras poblaciones que no tenían este legado cultural, incorporándose como una práctica cotidiana.
No obstante, señaló que el marco jurídico del país es insuficiente para protegerla y promoverla, ya que en las últimas décadas “lo que se ha hecho es disminuir el espacio de la partería”.
Con ello, se “frenan” las capacidades de las mujeres al no estar incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, “privilegiando una visión muy técnica, a veces tecnocrática, de la práctica del parto”.
“En México tenemos fenómenos muy desafortunados que fueron cultivados y estimulados en las últimas décadas (...) Somos uno de los cuatro países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias (...) desfavorables para la salud de la madre”
López-Gatell detalló que la norma no se contrapone con otro elemento normativo o reglamentario de atención a la salud, aunque, reconoció, el proyecto no está registrado formalmente, pero se tiene planeado presentarlo a finales de año.
El marco legal de la partería en México
En México, la Norma Oficial Mexicana 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y la atención de la persona recién nacida, aprobada en junio de 2016, presenta a las parteras como prestadoras calificadas para la atención del parto de bajo riesgo obstétrico.
Según el documento, la norma es de cumplimiento obligatorio a nivel federal para todo el personal de salud del sector público, social y privado.
De acuerdo con el texto Fortalecer la partería: Una deuda pendiente con las mujeres de México, esta norma, junto con la aprobación en 2011 de códigos laborales para la contratación de parteras técnicas, supone un enorme logro hacia el reconocimiento de la partería
Además, la aprobación en 2014 de la Guía de práctica clínica: Vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazos de bajo riesgo de la Secretaría de Salud, es un ejemplo de los esfuerzos para incorporar las prácticas basadas en la evidencia en los procesos de atención materna.
Por su parte, el documento Partería en México señaló que “la ausencia de un marco regulatorio específico de aplicación federal ha hecho que el desarrollo e implementación de un modelo integrado por parteras quede en manos de iniciativas aisladas, las cuales a menudo enfrentan resistencias y son susceptibles a cambios de gobierno, liderazgos o prioridades personales”.
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