Integrar la GN a Sedena busca dar fuero militar a elementos que hoy responden a la justicia civil: MCCI

Con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, el pasado sábado 03 de septiembre fue aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si bien dicho hecho fue aplaudido por el mandatario tabasqueño y por simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación, lo cierto es que desde un inicio la iniciativa ha generado gran controversia en la opinión pública y se ha avivado el riesgo de la militarización del país señalado en múltiples ocasiones por expertos y organismos internacionales.

No obstante, dentro de la polémica propuesta del presidente de México también existen repercusiones en materia de fuero militar que podrían poner en riesgo al país y la ciudadanía, pues se le estaría abriendo la puerta a la impunidad. Al menos así lo señala un nuevo análisis realizado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo con lo expuesto por la asociación civil, el verdadero riesgo de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no es el hecho de la ruptura del Estado de Derecho al pretender que una ley secundaria contravenga a la Constitución, sino que -aunque se repita que la Guardia Nacional mantendrá su carácter civil al continuar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)- en realidad la iniciativa considera que todos los elementos de la Guardia Nacional estén cobijados bajo el fuero militar.

Es decir, que las acciones ilegales cometidas por los elementos de la Guardia Nacional quedarán fuera de la justicia civil, la cual es aplicable para todas y todos los ciudadanos y fuerzas de seguridad pública, tal es el caso de las policías.

En su lugar, las y los elementos de la Guardia Nacional que incurran en un acto ilegal de cualquier tipo serán juzgados inicialmente dentro de la justicia militar, lo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló como la apertura de puerta para la impunidad.

Y es que basta con tener memoria histórica para darse cuenta que México cuenta con un amplio historial nacional e internacional que muestra cómo los ciudadanos están completamente desamparados cuando los militares pisotean sus derechos.

No obstante, con el creciente presupuesto y mayores responsabilidades puestas en manos de los militares, la organización civil constató que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el que más poder le ha otorgado a las Fuerzas Armadas en comparación con otros sexenios.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que la iniciativa del mandatario tabasqueño considera adicionar al artículo 57 de la Ley de la Guardia Nacional un párrafo para que el personal naval y militar asignado a dicha dependencia esté sujeto a la jurisdicción militar.

Bajo ese tenor, resulta pertinente recordar que actualmente uno de los requisitos para el ingreso y permanencia a la Guardia Nacional es que cualquier elemento debía estar funcionalmente separado de su institución armada de origen y quedar adscrito a la mencionada institución sujeto a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidas en la Ley.

Esto implica que los militares en la Guardia Nacional debían separarse del Ejército Mexicano y someterse a la justicia civil, no obstante, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció en investigaciones anteriores que los militares simularon cumplir dicha obligación pues todos sus elementos adscritos a la mencionada dependencia permanecieron en la nómina y bajo el control de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Pese a ello, las leyes aún los mantenían bajo el sistema de la justicia civil, por ello, en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador también se pretende cambiar la fracción IX del artículo 25 de la Ley de la Guardia Nacional para eliminar dicha disposición y protegerlos, expuso la organización civil.

Del mismo modo, se propone una reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que se reconozca como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea al personal que se encuentre asignado en la Guardia Nacional.

Destaca también que la iniciativa contempla en el transitorio sexto que los miembros de la Guardia Nacional provenientes de la extinta Policía Federal cesarán de prestar sus servicios a la institución por lo que ahora únicamente estará conformada por marinos y militares.

En palabras simplificadas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el fuero militar implica que los soldados estén sujetos a tribunales especiales que investigan y sancionan delitos que están relacionados con la disciplina castrense.

Pese a que el fuero militar es una figura contemplada en el artículo 13 de la Constitución, no implica que sea consistente con el acceso a la justicia. De acuerdo con la asociación civil, la realidad es que el fuero militar ha permitido perpetuar múltiples violaciones graves a derechos humanos; ha dejado a las víctimas desamparadas abriendo paso a la impunidad sin sanciones para los responsables.

Por ello, el fuero militar implica una serie de limitantes muy importantes para la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de ilegalidades cometidas por los soldados, lo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha señalado como doblemente importante cuando se considera que actualmente las fuerzas militares violan derechos humanos con mayor intensidad que otras corporaciones de seguridad.

Y es que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI en 2021, cuando se les preguntó a las personas sobre lo que sucedió entre su detención y antes de ser presentadas ante el Ministerio Público, la Marina y el Ejército resultaron ser las instituciones que ejercieron violencia con mayor frecuencia. Del total de detenciones hechas por la Marina, 61% de los detenidos fueron pateados o golpeados, 48% fueron asfixiados, 38% fueron ahogados, a 32% le dieron descargas eléctircas y 13% fueron víctimas de violación sexual.

En lo que al Ejército Mexicano refiere, del total de detenciones 53% de los casos golpearon a la víctima, en 37% los lesionaron con objetos, en 19% de las ocasiones lesionaron los órganos sexuales de la persona y en 8% de los casos las violaron.

Cabe mencionar que dicha situación también ha sido evidente en la Guardia Nacional pues, aunque presenta menores índices de violencia, 11% de las mujeres detenidas por elementos de dicha dependencia sufrieron violencia sexual y alrededor de una quinta parte de los hombres padecieron lesiones por aplastamiento y golpes directos o con objetos.

Fueron dichos precedentes los que llevaron a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a señalar que bajo la cobija del fuero militar, los militares hoy en día violan derechos humanos con mayor intensidad que otras corporaciones en tanto que llevarlos a la justicia se vuelve una tarea casi imposible para las víctimas.

Finalmente y por ello, la organización civil criticó que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador esté enfocada en colocar en un régimen especial y fuera del alcance de las leyes a la Guardia Nacional, en lugar de acercar a las y los elementos que la integran a cumplir con todas las disposiciones legales nacionales e internacionales para avanzar en la construcción de un Estado de derecho.

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