80% de presos en México no han recibido sentencia

Organizaciones de la sociedad civil mostraron su rechazo a la prisión preventiva oficiosa, cuya continuidad se discutirá este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al argumentar que es una medida cautelar que criminaliza a la pobreza y viola los derechos humanos, además de que se aplica mayoritariamente contra las mujeres.

De acuerdo con La Cana, proyecto de reinserción social, la prisión preventiva oficiosa afecta más a la mujeres en México y por eso debe eliminarse. A través de su cuenta de Facebook resaltan que durante las visitas que hacen a las cárceles han sido testigo de que cada vez hay más mujeres que pasan de 5 hasta 10 años sin una sentencia.

Comentan que la Suprema Corte de Justicia tiene en su manos la oportunidad de eliminar esta figura que sistemáticamente ha violentado los derechos humanos en su mayoría las mujeres. Notificaron que actualmente de cada 10 hombres 3 están en una prisión sin una veredicto pero detallan que en el caso de las mujeres es aún más grave ya que de cada 10, 5 de ellas no tienen una sentencia debido a esta medida.

Explicaron que del 2019 al 2020 alrededor de 100 mil personas que ingresaron a prisión el 85% no tiene siquiera una sentencia, esto se agrava en estados más pobres como Oaxaca en donde de las 2500 personas que entraron a prisión desde el 2019 al día de hoy están en la misma situación.

Puntualizaron: “Es falso que eliminar esta medida pone en riesgo a las víctimas ya que asegura, hoy existe la prisión preventiva justificada y también existen otras 13 medidas cautelares que permiten garantizar la seguridad de las víctimas. En un país como el nuestro donde la violencia estructural de género contra las mujeres es una constante ya que pretende mantener a mujeres encarceladas durante años sin que se les pruebe su culpabilidad, también es violencia”..

Por su parte, Chrístel Rosales coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, informó que sólo dos de cada 10 personas con prisión preventiva reciben sentencia en nuestro país, es decir, que los ocho restantes son considerados inocentes al final de su proceso penal por las autoridades judiciales. También expuso que esta cifra expone que, en México, la mayoría de los reos purgan una pena por adelantado de forma injusta, ya que al final se determina que no son responsables del delito que se les acusaba.

“Esto es un dato dramático, es abrumador. ¿Qué quiere decir? Que el 80 por ciento de personas que estuvieron privadas de la libertad esperando una sentencia, fueron declaradas al final inocentes. Esto realmente tendría que poner a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a muchísimas personas y organizaciones en el país, a buscar que se erradique esta figura, que en realidad está siendo sumamente grave contra los derechos humanos”, expuso.

Dijo que esta figura se aplica mayoritariamente a las mujeres, al exponer que se impone en cuatro de cada 10 hombres, mientras que en el caso de las mujeres son una de cada dos, según el promedio nacional.

“Cuando hablamos del caso de las mujeres, es un caso que nos llama muchísimo la atención, porque esta medida se aplica en mayor medida contra las mujeres. A una de cada dos mujeres se les aplica la medida de prisión preventiva, y en el ámbito federal, es decir, para delitos que son perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR), se aplica en un 60 por ciento. Esto es, si yo soy mujer y me acusan de un delito, tengo el 50 por ciento o el 60 por ciento de estar en prisión, mientras se desahoga mi proceso”, destacó.

Según las cifras de México Evalúa, las entidades con los porcentajes más altos de mujeres con prisión preventiva son Tlaxcala con 84 por ciento, Oaxaca con 80 por ciento, Michoacán con 78.4 por ciento, Baja California Sur con 76.9 por ciento, Quintana Roo con 73.3 por ciento y Veracruz con 68.9 por ciento.

“La prisión preventiva oficiosa está mostrándonos ser una medida que no sólo vulnera en general los derechos de las personas, sino que además está haciendo que criminalicemos a la pobreza, que criminalicemos a las mujeres, y que pongamos todo el peso de la ley contra delitos que podrían ser susceptibles de resolverse por otras vías”.

En tanto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares, se pronunció a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, al destacar que la figura viola convenciones y derechos internacionales.

“Tenemos una gran cantidad de personas privadas de su libertad, sin que haya habido una sentencia, y a pesar de que las normativas señalan que las personas no pueden estar en prisión preventiva oficiosa más de dos años, ha habido casos en que han permanecido 10 y hasta más años personas en prisión preventiva oficiosa”, señaló.

En contraste, las asociaciones Nacional de Transporte Privado (ANTP), Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y las cámaras Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) y Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la prisión preventiva oficiosa, pues eliminar esta medida cautelar es un riesgo para la atención de la víctimas de los delitos considerados como graves y sólo beneficiará a los grupos criminales.

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