Agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Alejandro “N”, identificado como presunto integrante del Cártel del Golfo implicado en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace más de una década.
De acuerdo con las investigaciones, este sujeto era conductor de uno de los dos autobuses que transportaba a los ciudadanos de Centro y Sudamérica antes de que fueran interceptados por sicarios de los Zetas y ejecutados al negarse a trabajar para el narco.
Alejandro “N” es ubicado como supuesto miembro del brazo armado los Flacos, donde se desempeñaba como operador cuando ocurrió el crimen contra los migrantes que buscaban el sueño americano en 2010.
Labores de inteligencia permitieron ubicar al chofer del Cártel del Golfo y los guardias nacionales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 67/2012 radicada en el municipio de Matamoros, bastión del grupo del crimen transnacional.
El supuesto criminal está acusado por secuestro, extorsión y tráfico de personas, por lo que fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social del estado de Durango.
Según el reporte oficial, la captura fue en seguimiento a los delitos de homicidio, desaparición de personas, secuestro, extorsión y tráfico de personas. Fue así como se desarrolló la planeación operativa para detener al implicado sin un solo disparo.
“Esta detención representa un golpe contundente a la delincuencia organizada”, presumió la Guardia Nacional y añadió que el mandamiento judicial fue cumplimentado con estricto apego al Estado de derecho y con absoluto respeto a los derechos humanos y en observancia a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
El pasado 22 de agosto se cumplieron 12 años de la masacre de San Fernando. Aquella vez, 74 migrantes eran transportados en dos camiones con rumbo a la frontera de Tamaulipas. Solo dos de ellos sobrevivieron y el resto fueron ejecutados por los Zetas.
Alejandro “N”, recién capturado, conducía uno de esos autobuses, pero se dio a la fuga con el otro conductor y un ayudante más. Desde entonces desaparecieron, dejando como saldo una de las peores matanzas en México durante la guerra contra el narco.
De acuerdo con los reportes, el crimen fue cometido entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido del Huizachal, municipio de San Fernando, luego de que los migrantes fueran secuestrados a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos.
Los 58 hombres y 14 mujeres eran en su mayoría de Centro y Sudamérica. Los Zetas interceptaron los camiones para reclutar de manera forzada sus filas y aprovecharse de los migrantes. Todos fueron llevados a un rancho donde finalmente los asesinaron por negarse a trabajar para el grupo criminal.
Un día después de la masacre, agentes del Ejército localizaron los cuerpos que presentaban impactos de arma de fuego en la espalda. Los cadáveres fueron apilados y abandonados a la intemperie.
Las víctimas también presentaban señales de tortura, estaban amarradas y vendadas, en un establecimiento tipo bodega a un lado de la carretera. Un ecuatoriano que sobrevivió fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no le dispararan para rematarlo.
En 2020, cuando se cumplió una década de la masacre, familiares de los migrantes acusaron que hasta entonces el crimen no había sido esclarecido del todo. Defensores de Derechos Humanos denunciaron que el caso había pasado de la indignación al olvido y la impunidad.
De acuerdo con las investigaciones, los procesos de exhumación e identificación de los restos encontrados en San Fernando habían estado plagados de errores y falencias. Eso evidenció una falta de diligencia por parte de las autoridades mexicanas.
Apenas en mayo pasado fueron condenadas 18 personas vinculadas con los Zetas por este multihomicidio que cimbró al país. Los implicados recibieron penas que van desde los 13 años de prisión, hasta los 58 años. Y multas desde 281 días, hasta los 13 mil 650 días.
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