El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó una vez más que la Guardia Nacional pase a la Secretería de la Defensa Nacional (Sedena) para que se consolide como la principal institución de seguridad en México y no haya margen a corrupciones.
En su cuarto informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo destacó la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados este 31 de agosto en que pretende modificar las regulaciones para que la corporación creada durante su administración esté bajo el dominio de la dependencia militar.
Desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que sus intenciones son que la Guardia Nacional mantenga disciplina y profesionalismo y no se corrompa como, acusó, sucedió con la Policía Federal, institución a la cual sustituyó.
El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretería de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la princpial institución de seguridad pública del país
El presidente dijo que hasta la fecha se han construido 242 cuarteles de la Guardia Nacional de casi 500 que entrarán en funciones a finales de 2024, cuando finalice su gobierno. La institución ha formado a 115 mil elementos y en 19 de 32 entidades ya hay más personal de esta corporación, que policías estatales.
De paso, López Obrador recordó que la Policía Federal fue creada durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Nueva York desde 2019 por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna”, recalcó el presidente.
Añadió que en su mandato no hay violaciones a Derechos Humanos, en alusión a las masacres en sexenios anteriores. Incluso apuntó que las autoridades actuales no son cómplices de torturas, como se ha documentado en las gestiones de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero en 2014.
No se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba
En el oficio girado al órgano legislativo para pasar la GN a la Sedena se plantean reformas con proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
La exposición de motivos señala que la ola de violencia en México se acentuó desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico para combatir a los grupos criminales al desplegar a fuerzas militares de sus cuarteles a las calles.
Pero esos operativos también emplearon a la Policía Federal que llegó a ser infiltrada por cárteles de la droga como se ha procesado en cortes de Estados Unidos, donde los juicios contra capos de la droga han revelado complicidades al más alto nivel, como en el caso de García Luna.
Cuando se creó la Guardia Nacional, en marzo de 2019, los legisladores aprobaron que la Sedena coadyuvara en la formación y reclutamiento de personal, algo que finalizará en 2024. Sin embargo, con la iniciativa enviada por el presidente se plantea que tal coordinación se prolongue como un cuerpo ampliado a las Fuerzas Armadas.
Actualmente, la dependencia militar ha trasnferido sus elementos y tiene a más de 73 mil soldados con el otro uniforme. De la Secretaría de Marina Armada de México son 16 mil efectivos y de la extinta Policía Federal migraron poco más de 23 mil.
Analistas han criticado que el presidente había prometido regresar a los militares a sus cuarteles, pues no están formados para atender la seguridad pública, sino para combatir en la guerra. También señalan que si no se fortalece a las policías solo se justificarían expansiones de la militarización.
Los especialistas han advertido que el presidente utilizó la estructura de la Sedena para llevar a cabo magnas obras y eso empoderó a las fuerzas castrenses, quienes son opcas en el uso de presupuesto, además, que han protagonizado graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.
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