La relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Gobierno Federal ha vuelto a tensarse ante el debate por la presunta inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa: medida cautelar que priva la libertad a un individuo de forma temporal cuando le sea imputado los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución mexicana.
Entre estos ilícitos - catalogados como graves - se encuentran el homicidio doloso, el feminicidio, la trata de personas o el secuestro. Sin embargo, cabe recordar que una reforma constitucional del 2019 aprobó la integración al listado del robo de hidrocarburos, delitos electorales y la corrupción (en su modalidad de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones); cumpliéndose así el compromiso número 57 de la campaña de López Obrador.
Pero el 23 de agosto pasado, el ministro, Luis María Aguilar, presentó la propuesta de anular la medida cautelar en todo el país alegando que su procedencia “desproporcionada y automática” contraviene a los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia - siendo este último el derecho de toda persona a presumirse inocente y tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad.
En tanto, la proporcionalidad obedece a considerar los argumentos de ambas partes, la justificación del Ministerio Público o el análisis de evaluación de riesgo antes de imponer una o varias medidas cautelares de manera “objetiva, imparcial y neutral”.
Al respecto se pronunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, como era de esperarse, reprobó la sola idea de considerar, según él, “la eliminación de delitos considerados graves” y “dejar que los jueces decidan a quienes pueden dejar en libertad”. De ahí que también acusó a la Suprema Corte de querer dar marcha atrás a lo que emprendió en 2019 para “buscar impunidad y corrupción”.
Tras los reclamos, el tabasqueño lanzó un exhorto a las y los ministros a optar por mecanismos que garanticen un acceso a la justicia expedito y no aprovechar la propuesta de Aguilar - en caso que fuese aprobada - como “un pretexto para librar a diestra y siniestra”.
Cabe señalar que esta no sería la primera ocasión que López Obrador tacha a la Suprema Corte por, según él, obstaculizar y tardar en dar solución a los procedimientos legales, pero exceptuando de sus descalificaciones al ministro presidente, Arturo Zaldívar, a quien ha aplaudido “su anhelo por erradicar con la corrupción”.
Sin embargo, la perspectiva de “combate a la corrupción” que AMLO presume compartir con Zaldívar se discrepa cuando de la prisión preventiva oficiosa se trata. Esto, porque el Juez se ha desempeñado como un acérrimo crítico de la medida al considerarla como inconvencional; razón por la cual apoyó el debate para determinar si existe o no la inconstitucionalidad de la misma: “Va a ser un parteaguas”, aseveró.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos“.
Presidencia advirtió incremento de peligrosidad hacia las víctimas y los propios jueces
Por su parte, la Presidencia de México emitió un comunicado al respecto, en el cual exhortaban a la Suprema Corte a no eliminar la prisión preventiva oficiosa, ya que, argumentaron, esto incrementaría la evasión de la justicia.
En ese tenor, expresaron que la medida es implementada para que las o los presuntos responsables de los delitos estipulados en el artículo 19 - especialmente los reformados en 2019 - no puedan sustraerse de la justicia durante el proceso penal.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, se declaró el mismo día que López Obrador fijó su postura en Palacio Nacional.
Aunado a ello, el Federativo aseguró que esta disposición también garantiza protección a víctimas y testigos, los cuales, advirtió, podrían quedar vulnerables a que los posibles agresores emprendan represalias en su contra.
Esta última aseveración la retomó el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, tras revelar la improcedencia de la vinculación a proceso del principal generador de violencia en Colima, José Bernabé, La Vaca - capturado el 18 de agosto pasado.
Bajo ese tenor, el funcionario recordó que el criminal es acusado por homicidio calificado, acopio de armas, posesión de cartuchos, delitos cometidos por servidores públicos y delincuencia organizada en varios estados de la República.
Es decir - y bajo la línea de su discurso - ilícitos merecedores de prisión preventiva oficiosa por considerarse “graves”, según la carta magna, y los cuales podría volver a incidir en una hipotética eliminación de dicha medida. De ahí que aprovechó su participación para volver a advertir a la Suprema Corte de las posibles consecuencias.
“Si se está al arbitrio de que cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción; a un mercadeo de abogados y también incrementaría la peligrosidad para los propios jueces; para la victima que se atreve a denunciar; para los testigos, y para la sociedad”.
La discusión del Pleno de la Suprema Corte estaba programada para este 25 de agosto, sin embargo se recalendarizó para el próximo 5 de septiembre por acuerdo del Tribunal Pleno.
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