Doce horas de audiencia fueron necesarias para que el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fuera procesado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al final del acto, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que Murillo Karam se quedará tras las rejas del Reclusorio Norte —en donde duerme desde el pasado viernes 19 de agosto— durante al menos 90 días, que fue el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria. Esto, luego de que se argumentara el riesgo de fuga por parte del exfuncionario.

Durante una de sus intervenciones, el exprocurador defendió la “verdad histórica” que presentó el 27 de enero de 2015. Según su versión de los hechos, los estudiantes habrían sido detenidos por policías municipales de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Luego, de acuerdo con sus “pruebas contundentes”, los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula y sus restos habrían sido arrojados al Río San Juan.

Con el paso de los años, y debido a los nuevos avances en las investigaciones, esta versión resulta inconsistente. Sin embargo, Murillo Karam se mantuvo en la misma postura y aseguró que no ha habido indicios para contrarrestarla.

La imposición de dicha versión, consideraron las autoridades, significó un obstáculo para plantear otras líneas de investigación que permitieran, entre otras cosas, continuar con la búsqueda de los estudiantes desde aquel entonces.

Dada la determinación del juez Fuerte Tapia, Murillo Karam se convirtió en el primer Procurador General de la República en ser procesado en la historia de México y durante los próximos tres meses compartirá los muros del Reclusorio Norte con otros célebres exfuncionarios.

La administración de Javier Duarte de Ochoa en el estado de Veracruz (diciembre de 2010 a octubre de 2016) destacó, en gran medida, por la corrupción y la violencia que afectó a la población.

En el mismo mes en el que abandonó su cargo, la extinta Procuraduría General de la República obtuvo dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, Duarte encabezó una red delictiva —entre empresas fantasma y prestanombres— que consiguió desviar al menos 223 millones de pesos (mdp) provenientes del erario público.

El 15 de abril de 2017 fue detenido en el municipio de Panajachel, en Guatemala, procesado y extraditado a México. A partir de esa fecha comenzó el cumplimiento de su condena de nueve años en prisión, impuesta —en 2018— cuando se declaró culpable por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Además de estar preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, al exgobernador se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos, así como el decomiso de 40 bienes inmuebles relacionados con él.

El 6 de diciembre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aplicó una nueva orden de aprehensión, por el delito de desaparición forzada, en contra de Javier Duarte. Esto, luego de que el exfuncionario fuera relacionado por la Fiscalía de Veracruz con el hallazgo de restos de 19 personas, entre ellos un policía, en el municipio de Emiliano Zapata.

Luego de varios intentos por parte de su defensa, en marzo de 2022 el Juzgado Decimosexto de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le negó a Duarte por cuarta ocasión y definitiva un juicio para ampararse de cualquier orden de aprehensión que se haya girado en su contra.

Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez entre 2009 y 2016, es huésped del Reclusorio Norte desde el pasado 31 de julio de 2022, fecha en que las autoridades capitalinas dictaron prisión preventiva en su contra por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

De esta manera, tendrá que esperar la definición de su situación jurídica al interior del penal de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Luis Vizcaíno Carmona fue detenido el sábado 30 de julio por la mañana, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX ejecutaron la orden de aprehensión que existía en su contra por el delito mencionado.

Luego de su captura, Ulises Lara López —vocero de la Fiscalía capitalina— declaró de manera pública que se habían encontrado indicios para advertir que Vizcaíno Carmona se habría enriquecido a costa de los pobladores de la Benito Juárez mediante supuestas extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.

Asimismo, sus acciones habrían tenido como resultado múltiples beneficios tanto económicos como políticos para sus jefes inmediatos, así como funcionarios de alta jerarquía en la CDMX y del Partido Acción Nacional.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, fue detenido en Málaga, España, en febrero de 2020. Cinco meses después, el 17 de julio, arribó a México a petición de un juez, quien solicitó que respondiera ante su presunta participación en actos de corrupción, concretamente en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Desde noviembre de aquel año, Emilio Lozoya se sumó a la lista de personas recluidas en el penal de la Gustavo A. Madero, luego de haber enfrentado parte de su proceso en libertad.

En enero de 2022, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una acusación formal y la solicitud de cárcel en contra del exdirector de Pemex, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte —José Artemio Zúñiga Mendoza— ratificó que Lozoya debería permanecer tras las rejas, pues consideró que cuenta con recursos suficientes y una red de apoyo que le permitirían escapar del país.

Lozoya enfrenta cargos de lavado de dinero, soborno y conspiración, derivados de un presunto fraude en la compra de una planta de fertilizantes por un precio inflado de 280 millones de dólares, además de la supuesta recepción de un soborno de 10.5 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de contratos.

La condena solicitada por la FGR comprende 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 años por el cohecho y otros 10 por el de asociación delictuosa, lo que da un total de 39 años.

En julio de 2020, Emilio Lozoya denunció ante la FGR que Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, había sido uno de los congresistas que presuntamente recibieron sobornos de Odebrecht con el propósito de aprobar la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013.

Casi un año después, el 9 de abril de 2021, fue detenido cuando acudió al Reclusorio Norte para presentar elementos de prueba durante una audiencia inicial. Cuatro días más tarde, el 13, fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En esa misma fecha se determinó que debía quedarse tras las rejas del penal como medida cautelar.

El juez encargado de determinar su vinculación y permanencia en el Reclusorio Norte fue Marco Antonio Fuerte Tapia, el mismo que dirigió la audiencia de Murillo Karam. Hasta el momento, Lavalle es el único exfuncionario que se encuentra preso derivado de las acusaciones de Emilio Lozoya.

Recientemente, el 3 de agosto, un juez federal aplazó por tres meses la nueva audiencia para presentación de pruebas por parte de la FGR contemplada dentro del proceso penal en contra del exsenador. Esto, debido a que la Fiscalía no ha logrado reunir los datos bancarios del exlegislador, lo cual impide que el proceso avance a la etapa de juicio para determinar si, en efecto, participó en alguno de los delitos que se le imputaron.

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