La reciente vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam, exprocurador general y arquitecto de la “verdad histórica” en el Caso Ayotzinapa, representa un paso más en el largo camino para que las familias de los estudiantes puedan obtener justicia.

De igual modo, los últimos avances en la investigación, presentados el 18 de agosto por Alejandro Encinas —subsecretario de Derechos Humanos— mantienen abierta la posibilidad de llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Así lo señaló recientemente Amnistía Internacional, el movimiento de activistas de todo el mundo que promueven los derechos humanos e investigan los casos de abuso.

A través de un pronunciamiento publicado en su página web celebraron las actualizaciones en la investigación de los crímenes perpetrados en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Primeramente, consideraron que los avances presentados por Encinas son “sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen”, ya que la investigación liderada por Murillo Karam durante el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo “plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes”.

De igual manera, acusaron a la administración de Peña Nieto de actuar con la total determinación de “ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y familias”.

Esto se sustenta, por ejemplo, en la difusión de la “verdad histórica” que compartió el exprocurador aquel 25 de enero de 2017, según la cual los estudiantes fueron sometidos por policías municipales, entregados al grupo Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula. Luego de eso, señaló Murillo Karam, sus restos habrían sido arrojados al Río San Juan.

Imponer tal versión fue un obstáculo para el establecimiento oportuno de líneas de investigación alternas que condujeran a mantener las labores de búsqueda de los normalistas.

En relación a las actualizaciones ofrecidas desde la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), Amnistía Internacional aseguró que el “devastador informe” debe funcionar como un modelo a seguir en la estrategia del gobierno para atender la crisis de desapariciones en el país.

”Debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.

Hasta el cierre de esta edición, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta un total de 104 mil 829 personas desaparecidas y no localizadas en México.

De las 154 mil 273 personas localizadas que ha contabilizado el RNPDNO, 10 mil 565 fueron halladas sin vida.

Cabe subrayar que durante la presentación del último informe, Alejandro Encinas reveló que desde septiembre de 2014 hasta 2020, se encontraron, sólo en el municipio de Iguala, 245 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales ninguno corresponde a los estudiantes normalistas.

Por su parte, Edith Olivares Ferrero, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó que, si bien el gobierno de López Obrador “ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos”, las madres, padres y familias de los jóvenes desaparecidos han sido los mayores responsables de que las investigaciones hayan podido llegar hasta este punto.

“Los recientes avances son el resultado de la lucha incansable de las madres, padres y familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y el destacado y arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos que los han acompañado”, aseguró Olivares.

Esta participación conjunta entre familias, sociedad civil y autoridades “contribuye positivamente al saldo de la deuda después de casi 8 años”, aseguró la directora ejecutiva, quien aprovechó para advertir la prevalencia de la injusticia y la impunidad que caracteriza a nuestro país en casos como este.

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