El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este jueves a la derecha argentina de buscar “desacreditar” a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, para quien la Fiscalía pidió el lunes pasado una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó el país entre 2007 y 2015.
“No conozco a detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente de que está metida ahí la derecha, el conservadurismo, porque es la forma de desacreditar. Se lo hicieron a los de Podemos en España, a Lula (expresidente de Brasil), porque así son”, manifestó en la conferencia matutina de este jueves.
El Ejecutivo mexicano aclaró su postura tras difundirse el miércoles un comunicado conjunto de López Obrador y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce, para denunciar una “persecución judicial” contra Cristina Fernández.
El mandatario aseveró que firmó el texto a petición de Alberto Fernández, a quien consideró una persona “recta y honesta”, además de un “buen abogado”, por lo que está seguro de que “se trata de una injusticia”.
“Fue una propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández, y me consultó y yo estuve de acuerdo”, dijo.
Comparó situación de Cristina Fernández con el desafuero de 2004 en la CDMX
López Obrador comparó la situación de Cristina Fernández con lo que él vivió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2004, cuando la ahora extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) solicitó quitarle el fuero por presunto desacato de una orden judicial.
“Considero que no se debe utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos, que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política ser candidato o candidata solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero”, aseveró.
Entre las investigaciones que se han abierto contra Cristina Fernández está la denominada “causa Vialidad”, por la que la exmandataria es sometida a juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.
El pasado lunes, en su alegato final, el fiscal que interviene en este juicio, Diego Luciani, pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
El fiscal considera que está probado que Cristina Fernández fue la “jefa” de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado
La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones al hacer una comparecencia pública el martes, luego de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
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