Revés a Gertz Manero: un tribunal federal desestimó que científicos de Conacyt cometieran algún delito

La persecusión que la Fiscalía General de la República (FGR) emprendió hace un año en contra de una treintena de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) prácticamente quedó finiquitada con la resolución que recientemente hizo un tribunal federal al otrogarle un amparo a una de las personas afectadas: “ya se decidió que esos hechos no son constitutivos del delito”. Por ese motivo, indicaron que se dicte el no ejercicio de la acción penal y que el caso sea archivado por no existir un delito a perseguir.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal amparó a la investigadora Patricia Zúñiga Mendoza, luego de que ella y su defensa solicitara el no ejercicio de acción penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La respuesta fue negativa, le argumentaron que el caso estaba en etapa de investigación. Entonces fue que solicitó el recurso para protegerse.

En el tribunal se recordó que ya un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, había rechazado emitir las órdenes de aprehensión en contra de los 31 académicos, al considerar que no hubo irregularidades en el uso de los 244 millones de pesos que les acusaban de haber desviado. Entonces, recalcaron, desde ese momento se debió sobreseer la acusación, en lugar de devolverla (como ocurrió) a la FGR.

“Cuando se llega a la conclusión de que los hechos no son delito y el asunto se encuentra en la etapa de investigación inicial, el fiscal debe resolver el ejercicio y mandarla al archivo, es disposición legal expresa”, se advirtió por parte de los magistrados. “Entonces lo que ocurre es, si no hay delito, ya no es necesario seguir investigando. Lo que llama la atención es que se haya asumido una cuestión distinta al juzgado”.

Cabe recordar que la disputa entre la dirección del Conacyt y este grupo de académicos comenzó cuando María Elena Álvarez-Buylla -actual titular del Consejo- decidió retirar los fondos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.

Quienes forman parte del Foro disputaron la decisión y llevaron la situación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo. Aunque el recurso legal no fue aceptado, las y los ministros concluyeron que el manejo de los recursos por parte del Foro Consultivo no presentaba irregularidades.

Pese a ello, Álvarez-Buylla decidió llevar el asunto ante la FGR. Fue ante la intervención de dicho órgano de justicia que muchas personas empezaron a sospechar que todo el asunto podría estar relacionado a una venganza por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Fue entonces que la Fiscalía General de la República acusó a los investigadores de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Pero en agosto de 2021, un juez federal del penal de El Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.

En septiembre de ese año, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó. Y ya a principios de octubre, en mismo 2021, la propia FGR citó a comparecer a seis de los 31 científicos señalados.

Incluso, en atención a una queja interpuesta por los científicos agraviados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó, ese mismo mes, que la FGR había encabezado una “persecución mediática y ministerial” en contra de las personas señaladas. Pero la dependencia de Gertz Manero rechazó tal señalamiento.

Personas con conocimiento del caso han asegurado que las acciones contra los investigadores del Conacyt son una venganza de Gertz Manero debido a que los denunciados habrían rechazado al fiscal para que ingresara al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), lo cual logró en este 2021, 11 años después de que hiciera su primer intento para entrar (2010).

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