El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó que próximamente se discutirán dos reformas importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que resumió de la siguiente manera: “la eliminación de delitos considerados graves, y otra para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”.
Al respecto, el mandatario aseguró que la SCJN quiere “dar marcha atrás” a modificaciones realizadas e impulsadas por su gobierno y que con ello buscar “impunidad y corrupción”.
“Le pedí al Secretario de Gobernación y a la Consejera Jurídica que fueran muy claros, porque hay veces que se usan tecnicismos (...) y no se entiende la esencia del asunto: la esencia es que se busque impunidad y corrupción”, acusó.
En este sentido, llamó a los miembros de la SCJN a generar un mecanismo eficaz que no obstaculice la justicia.
“Tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Además, hay delitos graves”, expresó.
A la par, el mandatario dijo que se debe “estar pendientes de los procedimientos”, y aseguró que los jueces deberían priorizar la impartición de la justicia.
La discusión en la SCJN
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó el pasado miércoles 18 de agosto, que próximamente el pleno de ministros se pronunciará sobre si la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Constitución Mexicana, a la par, también se buscará poner reglas claras a la prisión preventiva justificada.
Cabe aclarar que la prisión preventiva oficiosa en México es una medida cautelar impuesta por un juez, que consiste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad y la debe dictar un juez, cuando a la persona se le vincule a proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la carta magna.
En tanto, la prisión preventiva justificada la solicita el ministerio público ante un juez, quien decide, con base en los medios de prueba y supuestos específicos, si la medida es idónea para el caso concreto.
Fue el ministro Luis María Aguilar quién propuso dejar de aplicar la figura de prisión preventiva oficiosa al considerar a la medida cautelar como “un disfraz”.
Con esta propuesta, el ministro busca dar solución a la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de las reformas que incluyeron como amenazas a la seguridad nacional los delitos de contrabando, defraudación fiscal, así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, todos, delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.
Así, con ocho votos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaría de aplicarse el párrafo segundo del artículo 19 constitucional que contiene la lista de delitos con esta figura.
Por su parte, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se expresó en favor de discutir el proyecto y aseguró:
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, declaró tras emitir su voto a favor de la revisión.
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