En fechas recientes se han realizado diversos ajustes desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el objetivo, entre otras cosas, de contrarrestar el impacto que tuvo la pandemia en el sector educativo, visible en los índices de deserción escolar.

La llegada de Leticia Ramírez Amaya al frente de la SEP —en sustitución de Delfina Gómez Álvarez— fue anunciada el pasado 15 de agosto como una nueva oportunidad de mejorar el panorama para las y los alumnos y docentes de México, a pesar de que su último contacto con la educación pública ocurrió hace 20 años.

Aunado a ello, el pasado 19 de agosto entró el vigor el acuerdo que establece el nuevo Plan de Estudio para la Educación preescolar, primaria y secundaria, una de las últimas acciones de Gómez Álvarez como titular de la dependencia.

Y aunque esto podría sentar las bases para atender las necesidades de la comunidad docente y estudiantil, así como reducir las brechas de desigualdad en el sector, este nuevo diseño curricular ha sido duramente criticado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó recientemente un pronunciamiento institucional en el que advirtió, entre otras cosas, que el plan de estudio para la educación básica establecido por la SEP no tiene un “diagnóstico basado en evidencia, ni una guía aterrizada para las y los docentes”.

En este sentido, la institución independiente señaló que no hay claridad alguna en las estrategias a seguir para que el plan rinda frutos.

Los elementos más preocupantes, de acuerdo con el IMCO, son los siguientes:

1. El plan no contempla acciones y procedimientos concretos que le ayuden al personal docente a aplicar los cambios establecidos al interior de las aulas. Asimismo, señalaron que su descripción en el acuerdo “es meramente narrativa, y carece de una justificación basada en evidencia”.

2. Iniciará como una prueba piloto desfasada: El nuevo diseño curricular se aplicará a partir del 29 de octubre y llegará a 960 escuelas públicas a nivel nacional, lo que equivale a 0.4% de los planteles de educación básica del país. Además de que “se desconocen los criterios de selección y la lista de participantes”, no hay una fecha establecida para el fin de este piloto.

3. Incertidumbre respecto al proceso de implementación del plan después del piloteo: Según el acuerdo educativo, se pretende que durante el ciclo escolar 2023-2024 se implemente la siguiente etapa a nivel nacional, lo cual deja poco tiempo para incorporar las correcciones necesarias que se hayan identificado a partir del pilotaje.

4. Hay poca claridad sobre las responsabilidades de la SEP y de las autoridades estatales. El documento señaló que las acciones para poner a prueba el programa quedarán a cargo de las instancias educativas locales, así como las labores educativas, administrativas y de gestión para la implementación completa del plan. Sin embargo, no se establecen los recursos necesarios para ello y las responsabilidades carecen de detalle alguno.

5. Desecha las evaluaciones estandarizadas: El rechazo a pruebas como PISA y PLANEA es visible en el nuevo plan, de acuerdo con el IMCO, en la propuesta de la llamada “Evaluación Formativa”, en la que las y los docentes podrán decidir de qué manera calificar a sus estudiantes durante su proceso educativo. Con esto, señalaron, “se pierde la posibilidad de tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, con datos comparables a nivel nacional e internacional”.

Frente a las fallas mencionadas por el Instituto, compartieron algunas recomendaciones con las que, consideraron, se podría hacer frente a los mayores desafíos del sistema educativo mexicano.

En primer lugar, propusieron que haya certeza y acompañamiento puntual a las y los docentes respecto a la planeación curricular, ya que el plan representa un cambio radical en comparación con el actual. “La planeación y capacitación docente son de vital importancia”, mencionaron.

Después, consideraron pertinente que se retomen las evaluaciones estandarizadas en los planteles, ya que “permiten medir el nivel de conocimientos” del alumnado y ofrecen datos importantes para la definición de políticas públicas en materia educativa.

Finalmente, recomendaron que se realice un levantamiento de datos actualizado sobre la población escolar que permita medir, entre otros aspectos, el abandono escolar y las causas del mismo. Con esto, sería posible “implementar acciones para mitigarlo”, concluyeron.

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