Las series eliminatorias de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) tuvieron un comienzo que quedará en la memoria de la población mexicana por mucho tiempo, pero no por el marcador o por el nivel competitivo de los equipos, sino por la aparición de un helicóptero de la Secretaría de la Marina (Semar).

Fue el pasado 11 de agosto cuando, durante la apertura para los Olmecas de Tabasco, una aeronave tipo Panther matrícula ANX-2167 arribó al estadio Ángel Cuco Toledo, en el Municipio de Macuspana, y aterrizó sobre el césped. Segundos después, la mascota del equipo descendió del helicóptero y dio inició la ceremonia para el lanzamiento de la primera bola.

Como podía esperarse, el acto generó una gran controversia entre miembros de la sociedad civil, así como entre periodistas y servidores públicos, quienes acusaban, entre otras cosas, que no había razón alguna para que la aeronave militar se utilizara en ese contexto.

Después de la desaprobación de Andrés Manuel López Obrador ante dicha situación y de la justificación de la Semar, todo parecía haberse calmado. Sin embargo, este 22 de agosto el escándalo del helicóptero llegó a instancias legales de la mano de una diputada panista.

La mañana del pasado lunes, Mariana Gómez del Campo, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia penal por los delitos de peculado y abuso de autoridad.

“Ustedes recordarán que hace algunos días se utilizó un helicóptero de la Secretaría de la Marina para trasladar a una mascota de un equipo de béisbol”, comentó la legisladora a través de un video que subió a su cuenta de TikTok y posteriormente replicó en Twitter.

En sus propias palabras, Gómez del Campo acusó que “el gobierno hace de las suyas” debido a que la ciudadanía no está acostumbrada a presentar denuncias de manera formal cuando se percatan de actividades que podrían considerarse fuera de la ley.

“Yo espero que la Fiscalía encuentre a los responsables, que se haga justicia porque no pueden estar haciendo lo que les dé a gana con los helicópteros ni con cualquier otro bien de la Semar”, expresó la diputada del partido blanquiazul.

Adicionalmente, en el texto que acompañó la grabación en su cuenta de Twitter, la funcionaria sostuvo que las fuerzas armadas deberían limitarse a utilizar las aeronaves para misiones de seguridad.

Conviene subrayar que Mariana Gómez del Campo no especificó la instancia y/o persona en contra de la cual presentó su demanda.

De acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal, el delito de peculado —conocido coloquialmente como “malversación de fondos”— consiste en que una persona, en su calidad de funcionario público, utilice dinero, valores, fincas o cualquier otro bien perteneciente al Estado o a un particular para beneficiarse a sí misma o a una tercera persona —física o moral—.

La pena máxima contemplada en la legislación por este delito es de catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa, pero puede incrementarse hasta en un tercio “cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública”.

Por otro lado, en cuanto al abuso de autoridad, el Código Penal contempla 14 conductas diversas que, al ser llevadas a cabo por funcionarios, podrían ser catalogadas bajo este término.

Algunas de ellas son:

- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto.

- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente.

- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado.

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