Un buen diseño de un sistema democrático de gobierno conlleva, necesariamente, una equilibrada distribución de responsabilidades entre los poderes que lo conforman. Por eso, además de legislar, aprobar presupuestos o vigilar la cuenta pública, una de las tareas más importantes de los congresos es ratificar los nombramientos para ocupar cargos en el servicio público que designan el ejecutivo o el poder judicial.

La ratificación de perfiles es una facultad de los legisladores que va más allá de un trámite administrativo. Analizar, discutir y convalidar una propuesta de otro poder es también un acto jurídico y político que sirve para dotar de autonomía y legitimidad a quienes ocupen el cargo del que se trate. Por eso, diputados federales, senadores y diputados locales deben ser fiel en una balanza que equilibre la concentración de poder en una sola persona.

Hace ya algunos años desde que la sociedad civil, ha impulsado la transparencia y participación de la ciudadanía en estos procesos, motivados en buena medida por una “falla de origen” en nuestro sistema político y de gobierno que ha facilitado el exceso. Gracias a esas voces ciudadanas hemos visto una paulatina transformación en los nombramientos que pasan por el legislativo; convocatorias públicas, comisiones de selección, comparecencias públicas y en algunos casos exámenes de oposición.

Sin embargo, aún persiste la injerencia de las mayorías partidistas. La resistencia a los procesos abiertos y competitivos trasciende las funciones gubernamentales y parlamentarias y vicia la selección de los mejores perfiles para convertirlos en un burdo reparto de espacios a costa de torcer la ley, dar la vuelta a procedimientos abiertos de frente a la ciudadanía y conceder el voto a ciegas por parte de la mayoría y sus afines.

Y para muestra, baste recordar el penoso episodio de la pasada legislatura en el Congreso local con la aprobación de la infame Ley Godoy. En 2019, en fast track, diputados locales de Morena aprobaron reformas a la Constitución capitalina para eliminar el requisito de no haber sido electo diputado local en los tres años previos, permitiendo llegar a su actual cargo de Fiscal a Ernestina Godoy.

Morena ha tenido múltiples oportunidades de ser diferentes a las antiguas mayorías que tanto critica, pero en cada una de ellas decide ser todavía peor y los procesos de designación y ratificación de funcionarios son un claro ejemplo.

La semana pasada en el Congreso se aprobó el nombramiento de quien encabezará la contraloría interna de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Algo así como el que vigila al vigilante de los recursos de la ciudad.

El nombramiento fue resultado de un acuerdo político, que llegó “planchado” a la Junta de Coordinación Política y votado a ciegas en el Pleno con el voto en contra de Movimiento Ciudadano. Resulta irónico que en 2015, fue la propia Godoy, entonces diputada, pero por el PRD, fuera quien cuestionara un procedimiento idéntico desde la tribuna.

Hace 7 años, la diputada Godoy cuestionaba el procedimiento y la propuesta en los mismos términos que lo hicimos ahora, con la diferencia que ahora Morena es la mayoría que con prisas y sin mayor explicación propone un nombramiento por siete años sin la menor transparencia.

Y es que hay una gran diferencia entre el consenso y la sumisión ante el reparto de cuotas. A menudo se dice que los congresos con mayorías absolutas son oficialías de partes; en las que el curso de los asuntos es un mero trámite y no un diálogo entre dos poderes constitucionales autónomos. Y penosos episodios como el de esta semana en el Congreso de la Ciudad, lo confirman.

En un sistema político como el nuestro, el control parlamentario es más que un mandato constitucional. Cuestionar, criticar y señalar es un derecho, pero sobre todo obligación de quienes nos decimos representantes de las personas en un parlamento. Hacerlo sin cuotas ni cuates es algo que parece más una amenaza que una directriz para el actual Congreso de la Ciudad.

Royfid Torres González/@royfid es legislador por Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México.

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