La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 permanece como una de las heridas abiertas más graves de la historia de México, ya que después de casi ocho años, las familias de las víctimas aún buscan una justicia que no se les ha dado.

El pasado jueves 18 de agosto Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los más recientes avances en la investigación. Resaltó, entre otras cosas, el hecho de que por primera vez, desde que el gobierno actual atrajo el caso, se declaró que la desaparición de los normalistas fue un crimen de estado.

Para una gran parte de la población, desde la sociedad civil hasta figuras del ámbito político, la información ofrecida por Encinas representó un avance para derrumbar, nuevamente, la “verdad histórica” que difundió José Murillo Karam en aquel entonces desde la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR).

La tarde del viernes se dio a conocer la detención del ex procurador Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Se convirtió en el primer procurador general en estar tras las rejas.

Y aunque la captura del ex funcionario fue percibida por muchos como una victoria para la administración actual, durante la audiencia de imputación se mencionó a Omar García Harfuch, actual jefe de la Policía de la Ciudad de México, como uno de los participantes en la reunión que sentó las bases de la “verdad histórica”.

Tal situación hizo evidente que, aún ocho años después, las investigaciones parecen estar lejos de arrojar certezas contundentes y sólidas respecto a las personas involucradas y su participación en los delitos.

Al respecto, el periodista Raymundo Riva Palacio advirtió en su más reciente columna para Ejecentral que el gobierno de la Cuarta Transformación podría caer en una versión de los hechos “igual de hueca” que la ofrecida por la PGR en 2014.

Al realizar la comparación, el también analista político señaló que la “verdad histórica” con la que intentaron darle “carpetazo” a la investigación “se oía hueca”. En ese sentido, mencionó que la “verdad política” del presidente Andrés Manuel López Obrador “es sonora, contundente, y llena el imaginario colectivo de muchos, pero, igualmente, está hueca”.

“Aplausos de pie de muchos y críticas de los menos. En medio, el faltante de elementos jurídicos fundamentales”, comentó Riva Palacio sobre la captura de Murillo Karam y su señalamiento por los delitos anteriormente mencionados.

Sobre ese punto, el periodista especificó que el principal elemento faltante sería el móvil del crimen. “¿A qué obedeció todo? Las autoridades afirman que hubo encubrimiento, pero dejan suelta la pregunta, ¿encubrimiento de quién? ¿para qué?”, cuestionó.

Agregó, además, que los delitos de desaparición forzada y tortura no serían procedentes en contra de Murillo Karam, pues las leyes que se le aplicarían son posteriores al crimen debido al principio constitucional de la irretroactividad.

Bajo el mismo tenor, el columnista detalló que “crimen de Estado” es “una bonita frase, pero no se sostiene salvo en la narrativa política”, debido a que este tipo de ilícitos son cometidos por agentes estatales o particulares en complicidad o con la tolerancia del Estado. Explicó, en este sentido, que la línea de mando “no llegó a Enrique Peña Nieto” y las acusaciones alcanzan a mandos de la PGR, la Policía Federal y algunos militares.

Otro de los puntos que Riva Palacio consideró poco sólidos fue el señalamiento, por parte de Encinas, del Ejército como responsable del crimen. Hizo referencia a la bitácora confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en el cuartel:

Finalmente, mencionó un conjunto de grabaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dadas a conocer en 2018 y que forman parte de las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos contra el grupo criminal Guerreros Unidos.

De acuerdo con Riva Palacio, dichas cintas detallan, minuto a minuto, cómo los jefes de la organización delictiva “decidieron y planificaron el crimen”, lo cual derrumbaría la versión promovida por el gobierno.

Al respecto, apuntó que aún “quedan otras inconsistencias y contradicciones, que tendrán que ajustar para evitar que lo que hoy están haciendo, se les revierta más adelante por las mismas razones, inventar soluciones a una tragedia”.

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