Dos meses han transcurrido desde que dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de Urique, Chihuahua, luego de que intentaran ayudar a un hombre herido que también fue ejectuado.
Se trata de los clérigos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, cuyos cuerpos fueron sustraídos posterior a su ejecución. La herida por este crimen aún sigue abierta, pues después de estos asesinatos se han presentado más hechos violentos en diversas entidades de la República.
Ante esta crisis de violencia que se ha venido acrecentando, la comunidad Jesuita en México exhortó al Gobierno revisar el modelo de seguridad, toda vez que no ha sido suficiente para llevar a la pacifiación del país.
Sin embargo, aseguraron que la implementación de estrategias de militarización para que el ejército tenga un mayor margen de acción no es la solución al problema de inseguridad, por lo que reiteraron su postura en seguir convocando a los “Diálogos por la Justicia y la Reconciliación para la Paz”.
“Reiteramos que la violencia que vivimos no se resuleve con estrategias que implican la ampliación de las capacidades del ejército (...) La militarización no es la respuesta, es sólo un paliativo que pone en riesgo la paz”
Ante ello, la Compañía de Jesús y el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) convocaron a la ciudadanía a sumarse a las “Jornadas por la Paz con Justicia en México”, con el objetivo de plantear soluciones que permitan reestablecer la paz en la sociedad. “Sin justicia no habrá reconciliación en la zona rarámuri”, aseveraron.
Y es que a 62 días del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Morales, así como de los laicos Pedro Palma y Armando Berrelleza, la comunidad jesuita lanzó un comunicado en el que indicó que siguen sin obtener justicia, toda vez que el presunto responsable de este crimen aún no ha sido capturado.
A pesar de que se ofrecen hasta cinco millones de pesos por información que ayude a dar con su paradero, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, supuesto líder criminal del grupo delictivio “Gente Nueva”, sigue libre, pese a que se han detenido a más de una decena de personas relacionadas con él. Por ello, exigieron un avance en las indagatorias para que este crimen no quede impune.
“Reiteramos nuestro llamado a los 3 niveles de gobierno para que avancen las investigaciones judiciales, que no se pierdan en los laberintos de la impunidad y que se garanticen las condiciones de seguridad para los pobladores, en una zona donde aún prolifera el miedo”
Anteriormente, la Compañía de Jesús señaló que lo ocurrido en Cerocahui no fue un hecho “coyuntural”, sino que responde a las “causas estructurales de la violencia” que desde hace décadas azotan la Sierra Tarahumara.
El pronunciamiento de la comunidad jesuita también tiene que ver con la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la Guardia Nacional “dependa completamente” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo cual ya no tendría un mando civil, sino uno militar, idea contraria a la que se tenía en un principio.
Lo anterior ha generado controversia en la sociedad civil, en expertos en temas de seguridad y en organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH), ya que señalan que ello llevaría a la militarización del país, una propuesta que contrasta con el discurso de campaña del mandatario federal.
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