Luego de la captura de Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes reaccionaron.
A través de un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares de los normalistas aseguraron que desconocen la acusación sobre el exprocurador, artífice de la llamada “verdad histórica”, pero se mostraron optimistas de que los presuntos involucrados rindan cuentas ante la justicia.
“De ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura, que tanto daño hizo a las familias de los normalistas”, resaltó el texto.
En un breve posicionamiento difundido en redes sociales, el Centro Prodh destacó que a los familiares de los normalistas “no les mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie, sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan”, enfatizó.
Reiteraron que debido a la complejidad de la información que se ha generado - el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la detención de Murillo Karam-, una vez que las familias cuenten con todos los elementos darán a conocer su postura de manera conjunta.
Cabe recordar que la tarde del viernes, elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, apoyada por la Marina Armada de México, detuvieron al ex titular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Así lo confirmó la dependencia a las 16:45 horas. Minutos más tarde, en un comunicado, señaló que las causas del arresto:
“Personal policiaco de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa
Su captura fue llevada a cabo al salir de su domicilio en la colonia de Las Lomas de Chapultepec, un día después de que el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) reconoció que no hay indicios de que los normalistas estén con vida, además de reconocer que se trató de un crimen de Estado, desacreditando la versión de los hechos de la entonces PGR.
El exprocurador fue quien encabezó las investigaciones sobre los hechos ocurridos entre la noche del 26 y los primeros minutos del 27 de septiembre de 2014 en calles del municipio de Iguala, Guerrero, conocida como `”La verdad histórica”, la cual echó abajo por distintos peritajes nacionales e internacionales.
Dicha versión señalaba que los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” fueron secuestrados por la organización criminal Guerreros Unidos, y posteriormente, quemados en el basurero de Cocula.
Durante esta conferencia, un periodista le hizo una pregunta, pero lo que trascendió fue su lamentable respuesta: “Ya es suficiente. Ya me cansé”, frase que irritó a una sociedad horrorizada por la desaparición de los jóvenes.
El jueves 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señaló, sin decir nombres, que las autoridades federales del más alto nivel fueron “omisas y negligentes” y que autoridades de todos los niveles estuvieron involucrados en el caso.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado (...) En resumen, se trató de un crimen de Estado”, señaló el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión, Alejandro Encinas.
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