Tras ocho años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en la localidad de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, presentó los avances de las investigaciones.
De esta manera, Encinas, quien encabeza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos ocurridos en torno a dicha problemática, afirmó que se trató de un “crimen de Estado”. Ante ello, la politóloga Denise Dresser aseguró que el caso “coloca en una disyuntiva” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La escritora y académica acusó que el tema Ayotzinapa tiene a la actual administración en una encrucijada al afirmar que es un crimen de Estado en el que participó el Ejército; institución que tanto se ha defendido y que “ahora se empodera sin controles”, acusó.
“Ayotzinapa coloca al gobierno en la difícil disyuntiva de reconocer que fue un crimen de Estado con participación del Ejército. Ese mismo Ejército al que ahora se empodera sin controles o vigilancia civil. Promete justicia pero ¿actuará contra sus aliados, incluyendo Cienfuegos?”.
Y es que, de acuerdo con las declaraciones de Alejandro Encinas, no hay indicios de que los desaparecidos puedan seguir con vida pese a que la llamada “verdad histórica” -que aseguró la quema de los cuerpos en un basurero- fue descartada.
En ese canon, Dresser compartió por medio de su cuenta de Twitter que sí, “fue el Estado, fue la policía municipal, fue la policía estatal, fue la policía federal, fue la Marina, fue el Ejército”, pero ante ello, cuestionó qué hará un gobierno como el de AMLO al que señaló de “mentir, robar y traicionar”.
Por su parte, la duda sobre si el titular del ejecutivo federal actuará en contra de los que determinó como sus aliados, incluyendo al ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, tuvo lugar luego de que éste fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Cienfuegos fue titular de la Sedena durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, cuando se dio la desaparición de los normalistas en 2014. Fue aprehendido en Los Ángeles, California, por autoridades estadounidenses acusado de tráfico de drogas en colusión con el crimen organizado.
No obstante, tras ser extraditado a México para ser juzgado, fue liberado, siendo uno de los hechos que la opinión pública más le ha recriminado a López Obrador.
Respecto a los avances en el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación expresó ante las familias de los desaparecidos que del “testimonio de 115 personas, cuatro personas puestas en libertad por tortura, 23 estudiantes sobrevivientes, 11 funcionarios” así como miles de documentos asignados, se puede determinar que se trató de un “crimen de Estado” orquestado “desde el más alto nivel del gobierno”.
En tanto, señaló la participación y responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia”, pues acusó que uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado infiltrado que las autoridades decidieron no buscar.
Las acusaciones en contra de las Fuerzas Armadas (FA) se dan en el marco de la reciente propuesta del jefe del Estado mexicano por incorporar al cien por ciento la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena, con lo que dicha fuerza de seguridad pública perdería su carácter civil, además de que aumentaría el presupuesto y control del Ejército; acusaron especialistas, entre ellos Dresser.
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