Este jueves 18 de agosto se confirmó lo que muchas personas ya anticipaban desde hace años: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de estado.

Así lo comentó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, cuando dio a conocer los más recientes avances sobre la investigación en el caso de los estudiantes del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

La presentación de las últimas actualizaciones fue una de las varias que se han llevado a cabo durante los últimos años, desde la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) en diciembre de 2018.

Sin embargo, en esta ocasión se reveló una de las determinaciones más lamentables. Por primera vez, desde que la administración de Andrés Manuel López Obrador atrajo el caso, se reconoció que las investigaciones no han arrojado ninguna señal de que los normalistas sigan vivos.

Al revisar el documento presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, es posible encontrar algunos detalles relevantes en cuanto a la identificación y detención de personas que podrían estar vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala y por supuesto con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, mencionó Encinas.

De acuerdo con el informe, actualmente hay 60 personas detenidas por su probable participación en delitos vinculados a este caso, como delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, secuestro, posesión de cartuchos, lavado de dinero y otros relacionados con actuaciones irregulares.

En contraste, hasta esta fecha, aún quedan 36 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse.

Entre las capturas más destacadas de los últimos meses se encuentran miembros de la delincuencia organizada, así como un agente de la Policía Municipal de Iguala.

Erick ‘N’, alias El Erick o El Carretito, fue detenido en Morelos el pasado 31 de marzo en posesión de drogas, cartuchos y armas de fuego. Fue identificado como hijo de Santiago Mazari, alias El Carrete, fundador y ex líder de Los Rojos quien, hoy día, cumple una pena de 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) No. 2 “Occidente” en Puente Grande, Jalisco.

Otro líder de Los Rojos fue capturado en Michoacán el pasado 16 de abril. Se trata de Juan Miguel “N”, alias Johnny, quien presuntamente se desempeñaba como operador en el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica. Se acreditó la presencia de este grupo en Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México.

Un presunto líder criminal que también estaría involucrado con la desaparición de los estudiantes es Salvador “N”, operador de Guerreros Unidos que fue detenido por las autoridades el 3 de mayo en Morelos. Fue identificado como el presunto líder del brazo armado “Los Peques” y ha sido señalado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, extorsión y secuestro.

Finalmente, el informe también menciona a Gerardo “N”, un ex policía municipal de Iguala que fue aprehendido el 12 de mayo de este año. Sin ofrecer mayores detalles, la CoVAJ señaló que está “vinculado con la desaparición de los estudiantes”.

Conviene subrayar que el 12 de febrero había sido capturada Xóchitl García Guerrero, ex radio-operadora del C4 en Iguala, quien estaba relacionada con el grupo criminal Guerreros Unidos. La orden de aprehensión en su contra fue liberada por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

De acuerdo con las indagatorias, Xóchitl García le proporcionaba información a la organización delictiva. Cuatro días después de la desaparición de los normalistas, renunció a su cargo en el C4 y no se había presentado a declarar ante las autoridades.

Luego de la detención, se determinó que sus testimonios ocultaron información sobre el caso.

Sin embargo, 10 días después, el 22 de febrero, fue liberada debido a que el juez Samuel Ventura Ramos argumentó que no había pruebas suficientes que acreditaran su participación en los delitos y, por lo tanto, que permitieran su vinculación a proceso penal.

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