Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer el pasado 18 de agosto, que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra ya investigando a los militares y funcionarios que ordenaron la creación de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En la conferencia de prensa que siguió a la presentación del último informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Encinas aseguró que entre los 33 exfuncionarios que han sido señalados por el ya oficialmente llamado “crimen de Estado” hacia los estudiantes de Guerrero, están siendo investigados quienes tuvieron que ver con la construcción del primer recuento de hechos oficiales.
“Sigue la investigación, por supuesto, en quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que esta se implementara”, agregó el funcionario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Sin embargo, aseguró que entre estos no se contempla al expresidente Enrique Peña Nieto.
“Se investiga a quienes dieron esa orden, es parte de la investigación judicial. Esto desde hace varios meses, ya que tenemos a cabo el registro de las redes telefónicas. De las órdenes de aprehensión que está trabajando la Fiscalía, yo diría que son ellos quienes tiene que dar la información, pero hay personajes de todos los sectores que mencionaste, Peña Nieto no”, dijo Alejandro Encinas.
¿Cuál es la “verdad histórica”?
La llamada “verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
En conferencia de prensa dio a conocer el informe sobre los últimos avances del caso; se refirió a las conclusiones del caso como la “verdad histórica”, sustentada en una investigación “exhaustiva, profunda y seria”, con resultados científicos. Por este hecho, renunció a su cargo en febrero del mismo año.
En ese sentido, Encinas negó la veracidad de dicha “verdad”, la cual señaló que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque supuestamente pertenecían a Los Rojos, grupo contrario.
En ésta también se aseguró que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. La versión se sustentó en la información obtenida “espontáneamente” de una llamada telefónica de una mujer quien proporcionó datos de “El Chereje” y “El Pato”, posteriormente también por interrogatorios realizados mediante tortura.
En el nuevo informe se afirmó que la versión de la Fiscalía se generó a conveniencia con la finalidad del cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso, mediante la legitimación social de la verdad de los hechos.
“Fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de estado”, afirmó.
En el informe preliminar de la investigación, se confirmó, principalmente, que funcionarios estatales y federales de los más altos niveles fueron omisos, negligentes e incluso manipularon los hechos a su conveniencia, por lo que fue un “crimen de Estado”; además de que no existen indicios de que los estudiantes sigan vivos.
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