El periodismo en México se encuentra en su punto más crítico: el 2022 se ha colocado como el año más letal para la prensa del país, tras acumular 331 agresiones y 14 asesinatos a periodistas en varios estados de la República - siendo los nombres de Juan Arjón López y Ernesto Méndez los últimos en añadirse al lamentable listado.
Pero lo más alarmante de estas cifras (desafortunadamente) ya no es el preocupante, pero constante ataque a la libertad de expresión, si no el actor que más atenta contra ésta: el Estado Mexicano, siendo las mañaneras del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los espacios donde más se ha evidenciado la retórica hostil que tanto ha caracterizado a la actual administración.
En su informe semestral, la organización Artículo 19 recordó que la justificación del tabasqueño para perpetrar dichos actos ha sido acusar a los medios críticos de querer desprestigiar a su Gobierno a través, señala, de “información falsa y movida por intereses creados”.
Pese a ello, el tabasqueño se ha adjudicado - y a su administración - de ser respetuoso de las discrepancias de opinión. Sin embargo, estas promesas se corrompen en el Cero Impunidad y el Quién es quién de las mentiras: espacios donde, de manera pasiva-agresiva, se ha demeritado los crímenes a periodistas o incentivado el ataque a éstos.
Cero Impunidad: espacio de revictimización
La sección Cero Impunidad surgió el 17 de febrero del 2022, tras la presión de las y los periodistas al Gobierno Federal para responder por los cuatro comunicadores asesinados tan sólo en el primer mes del entonces año nuevo: José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz; Roberto Toledo, en Michoacán, y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana.
Desde entonces, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, ha sido quien cada jueves brinda la “información oficial” de los avances en las investigaciones de esos y la otra decena de homicidios reportados en lo que va del actual año; no así con los cometidos durante el resto del sexenio y gobiernos anteriores.
No obstante, advirtió Artículo 19, con el paso de los meses, el informe se convirtió en un espacio donde se han exhibido diversidad de irregularidades para la búsqueda de justicia. Una de ellas, culpabilizar a las víctimas enfatizando si estaban adscritas al Mecanismo de Protección ó - como sucedió con el caso de Armando Linares (Michoacán) - destacar su negativa de incluirse en él.
Por otro lado, la sección se ha encargado de desvincular la labor periodística como principal línea de investigación de los homicidios, tales como los de Jorge Luis Camero (Sonora) o Roberto Toledo (Michoacán), argumentando que “ya no ejercían el periodismo al momento de su muerte”.
Además de ello, el reporte ha presentado de manera apresurada información discrepante con las autoridades y fiscalías locales, sin siquiera haber agotado las indagatorias. Ejemplo de ello fue el caso de Luis Enrique Ramírez (Sinaloa), en el cual el propio Gobernador, Rubén Rocha Moya, llegó a desmentir a la SSPC respecto a los detenidos.
Finalmente, pero no menos importante, Artículo 19 señaló y descalificó el supuesto “ejercicio de rendición de cuentas” del Cero Impunidad, el cual, mencionó, pareciera limitarse a demostrar que la justicia recae en presentar un sin fin de órdenes de aprehensión, imputados o vinculados a proceso.
“Lejos de asumir la obligatoriedad que el Estado tiene respecto a proteger, investigar, sancionar, reparar el daño y, sobre todo, impedir que la impunidad siga imperando en los casos de asesinatos en contra de periodistas, se niega que existe un escenario de profunda violencia para la prensa que debe frenarse de manera urgente”.
Quién es quién de las mentiras: estigma y desinformación
Cada semana, Elizabeth García Vilchis se vuelve blanco de ácidas críticas por su participación en la polémica Quién es quién de las mentiras: un espacio que ha propiciado estigmas y descalificaciones hacia los medios o las personalidades críticas del Gobierno, pese al discurso de AMLO que la defiende como “la sección” para combatir la desinformación.
“Salieron a volar los zopilotes”, “Mostraron muy poca ética” o “Se montaron en el amarillismo”, son algunas de las frases con las que semana a semana se propicia la sutil agresión a medios de información; misma que incluso le costó al Federal un llamado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para suspender su emisión.
“El problema no es debatir sobre la prensa y su labor, sino que sean las autoridades quienes decidan bajo qué criterios se observa la prensa”, destacó Artículo 19.
Como era de esperarse, el llamado de la Comisión fue tajantemente ignorado por el Federativo, lo cual - al continuar con ello - ha derivado en lo que Artículo 19 califica de un efecto cascada: cuando dicho lenguaje estigmatizante se replica en otros niveles de Gobierno, funcionarios e, incluso, en particulares (como usuarios de redes sociales).
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De esa manera, Artículo 19 determinó que la exposición de ambos espacios de las mañaneras de López Obrador sí perpetran agresiones contra periodistas y medios, al mismo tiempo que niegan la violencia contra la prensa.
“En ese sentido, pese a ser uno de los momentos más críticos para la prensa en México, se vislumbran pocas acciones para el combate a la impunidad”, concluyó.
“Los continuos descalificativos contra la prensa, además de antidemocráticos, enfatizan la falta de voluntad de las autoridades por generar un ambiente propicio para la diversidad y pluralidad de opiniones y críticas, fallando en su responsabilidad en la prevención”.
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