La reforma político-electoral que emanará del legislativo federal será fundamental para los procesos electorales de 2024, donde México renovará la jefatura del ejecutivo federal y las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que en el foro 15 del Parlamento Abierto, el tema fue “Medios de financiamiento para actividades ordinarias”.
Este martes 16 de agosto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro citó a Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara de Diputados; Ramón Hernández, profesor de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF; Rodrigo Morales, exconsejero electoral; Engels Contreras, consultor en materia político electoral; María Luisa Jiménez, asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización; Víctor Alarcón, doctor en estudios sociales, con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa (UAM-I); y Berenice Arellano, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán.
Abanderado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Robledo Ruiz, especificó que el tema del financiamiento es la parte neurálgica de la propuesta de reforma: “Vamos a comentar y discutir, sin que se deba omitir hablar de alguna de las otras modalidades del financiamiento público, pues van paralelas, así como el uso de prerrogativas de tiempo, que da para muchísima discusión”.
El profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostuvo que la fórmula para la asignación de recursos financieros a los partidos políticos no es adecuada a la realidad económica, política y social de México, pues el Padrón Electoral no corresponde a un nivel de participación ciudadana en las elecciones, además de que contiene un mayor incremento anual que el propio listado nominal.
Asimismo, señaló que este incremento no corresponde con la inflación, pues el aumento que tiene es del 10%, mientras que la inflación es del 8.515 por ciento.
Por su cuenta, Morales Manzanares dijo que no se ha desterrado la sospecha de la relación entre dinero y política, por lo que se necesita una reforma para quitar la percepción de que el dinero influye de forma indebida en la vida interna de los partidos políticos o en el desarrollo de las contiendas electorales.
En cuanto al aumento de financiamiento, Contreras Piña dijo que esto no es un sinónimo de mejora en la competitividad de los institutos. Resaltó que en 2018 aumentó en casi mil millones de pesos el presupuesto a partido políticos, lo que no se tradujo en el incremento de la calidad de la democracia. Cabe recordar que en ese año se logró una participación del 63.4%, mientras que en 2021, con otros mil millones adicionales, sólo participó el 52.6 por ciento.
Jiménez Poblano dijo que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promueve la posibilidad de tener una vida democrática menos costosa, para reorientar el financiamiento público a los partidos políticos a actividades de mayor utilidad y beneficio a la población.
“La entrega de esos recursos ha creado dependencia y separatismo de los partidos políticos para buscar fuentes lícitas privadas; no contar con este financiamiento volverá más dinámica y participativa la relación con su militancia y la sociedad, además de que no han logrado infundir confianza en los electores ni mayor participación”
Por su cuenta, el doctor Alarcón Olguín aseguró que el financiamiento público a los partidos políticos “no es un gasto frívolo, sino una inversión y expresión democrática como se pensó en 1977″, por lo que los institutos quedarían vulnerables ante probables intromisiones de los generadores de violencia.
“Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe con una reducción a cero del financiamiento público fuera de los procesos electorales, es entregarlos literalmente al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico”
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