La corrupción es un cáncer que por años ha contaminado cada institución o dependencia pública en el país. Si bien durante su campaña electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso desplegar acciones para combatirla y mitigar los efectos colaterales de la misma, la realidad es que su administración no se ha caracterizado por ser precisamente transparente en el manejo de los recursos públicos de la ciudadanía.

Dicha situación ha sido expuesta por múltiples organizaciones civiles y, recientemente, con la polémica que generó la suspensión de la plataforma CompraNet, por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se dio a la tarea de investigar de forma meticulosa 251 mil 148 procesos de compras públicas estatales.

Resulta pertinente recordar que la participación ciudadana es un pilar fundamental para el combate de la corrupción, ya que es gracias al monitoreo de las compras públicas a nivel estatal se puede conocer y vigilar en qué gastan los recursos públicos las autoridades, no obstante, el Centro de Investigación en Política Pública destacó que esta es un área poco explorada.

En México desde hace un par de años opera el Sistema Nacional de Transparencia que, a través de múltiples órganos garantes en diferentes estados de la República Mexicana, tienen como finalidad garantizar el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas y la protección de datos personales para la ciudadanía.

No obstante, con el inminente avance tecnológico, se puso en marcha la Plataforma Nacional de Transparencia misma que se planteó en un inicio como una herramienta asequible que concentra la información gubernamental de las instituciones que ejercen recursos públicos, incluyendo los contratos de obras, bienes y servicios de acuerdo con lo expuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En una de sus más recientes investigaciones, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) puso a prueba la eficacia de dicha plataforma, por lo que se dio a la tarea de investigar poco más de 251 mil procesos de compras públicas por un monto de 346 millones de pesos realizados durante 2021 por instituciones estatales de los 32 estados del país.

¿El resultado? Como se esperaba, fue desastroso, no solo por las inconsistencias identificadas en los procesos de compra, sino por las fallas y deficiencias que presentó la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fue así como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) logró identificar fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia que limitan el acceso a la información.

En un inicio, expusieron que la información se presenta fragmentada, es decir, la consulta de compras públicas estatales está segmentada en más de 40 mil bases de datos, lo que dificulta el análisis de riesgos de corrupción.

Asimismo, dicha plataforma presenta una falta de homologación, pues aunque existen múltiples formas de registrar la misma información, tan solo para hacer referencia al fundamento legal de los contratos, los estados utilizaron mil 849 formas distintas de captura.

El Centro de Investigación en Política Pública también identificó que algunos de los procesos de compra disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia están repetidos y que la información se registra en celdas equivocadas, así como que se utilizan carácteres erróneos para capturar los nombres de los proveedores y su RFC.

Adicionalmente, existen enlaces electrónicos a los documentos que no son funcionales, pues pues redirigen a páginas generales del gobierno o contienen información que no corresponde a la búsqueda realizada.

Si bien dichas fallas son alertantes y suponen un ambiente propicio para la corrupción, destacó también el hecho de que, pese a que es una obligación de transparencia, el número de instituciones que reportan información en la plataforma es menor al número de sujetos obligados.

Dichos hallazgos llevaron al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a concluir que la Plataforma Nacional de Transparencia no garantiza un acceso directo y completo a las compras públicas estatales.

Además de las múltiples deficiencias identificadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró en su investigación que a lo largo de 2021, solo el 52% de las instituciones estatales registraron información de compras públicas en la mencionada plataforma.

Es decir, dos mil 423 instituciones no publicaron información sobre sus procesos de compra durante ese año.

En tanto, el Centro de Investigación en Política Pública también dio cuenta de que seis de cada 10 adjudicaciones directas estatales publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia no cuentan con un acceso directo al contrato.

De acuerdo a su investigación, los estados con el menor porcentaje de enlaces accesibles al documento del contrato son Coahuila (4%), Sonora (6%), Tamaulipas (6%), Sinaloa (11%) y Baja California Sur (20%).

Por su parte, los estados con mayor acceso a los documentos son la Ciudad de México (89%), Baja California Sur (88%) y Aguascalientes (86%). En contraste, los estados con el menor porcentaje de enlaces accesibles son Hidalgo (12%), Tamaulipas (14%) y Guanajuato (19%).

Fue así como con el objetivo de mejorar la transparencia de la información de compras públicas estatales e identificar prácticas de riesgo de corrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propuso en primera instancia actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia realizada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) para asegurar que la información esté completa, homogénea y estructurada.

Finalmente, el Centro de Investigación en Política Pública propuso que los institutos de transparencia estatales monitoreen el registro completo, correcto y oportuno de las compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia para mitigar errores de captura y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

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