Omar García Harfuch: entre el desarrollo policial de la CDMX y el paso contra la militarización

La policía de la Ciudad de México es un ejemplo de cómo puede empezar a detenerse el proceso de militarización de la seguridad pública en el país a nivel local, porque la corporación se ha fortalecido en desarrollo, capacidad operativa y resultados en los últimos tres años, pero aún quedan pendientes decisivos en esa ruta.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSC-CDMX), explicó en entrevista con Infobae México cómo reforzaron estrategias y ampliaron facultades en el combate a la violencia desde finales de 2019. Eso se tradujo en disminuir al cártel local de la Unión Tepito, bajar la percepción de inseguridad, así como la reducción en asesinatos.

Analistas coinciden en que las políticas implementadas han rendido frutos para aminorar actividades criminales, pero apuntan la necesidad de pasos determinantes, incluso poner un alto a la intervención de militares que hoy en día no son necesarios para salvaguardar la integridad de civiles en la Ciudad de México, la sexta urbe más poblada del planeta con 9.2 millones de residentes.

García Harfuch atribuye que el modelo de operación cambió luego de que fuera aprobada la iniciativa en el Congreso capitalino para ampliar autorizaciones del personal bajo su mando. Pues a partir de 2020, los agentes de la SSC-CDMX no solo se enfocaron en tareas preventivas, sino en la investigación para romper con el monopolio ministerial.

“Hoy la policía participa de manera activa en la integración de carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México —que somos un mismo equipo—, tenemos y podemos dar seguimiento a cada delito desde que ocurre, a complementar la investigación, hasta lograr la detención de estas personas, ya no solo por flagrancia”.

Antes de las modificaciones legales, expuso el secretario, los oficiales de la CDMX solo podían lograr arrestos si sorprendían a las personas delinquiendo, en revisiones u horas después de perseguir a quien cometiera un homicidio, robara un coche o una casa. Luego todo quedaba en manos de autoridades ministeriales y eso contribuyó a la frustración de aquellos que relataban su caso a la policía, cuando ellos no tenían facultades para darle seguimiento.

Además, el jefe de la policía capitalina destacó que se han rencauzado tareas al área de inteligencia, porque los policías pasaron de recopilar información para uso interno, a aportar datos de prueba que pueden ser integrados en una carpeta de investigación y ser valorados por un juez.

La Subsecretaría encargada de ese ámbito solo monitoreaba y reportaba para saber qué delitos despuntaban en la capital del país. Durante años, eso sirvió en determinar políticas preventivas con patrullajes, despliegues o atención a la vialidad por manifestaciones. Pero actualmente, los informes de inteligencia igual resultan en posibles evidencias de la fiscalía.

“Lo que hicimos fue modificarla, que fuera una Subsecretaría obviamente de inteligencia, pero de investigación policial, que llevara investigaciones en total coordinación con el Ministerio Público, ya con las nuevas facultades, con una capacitación diferente”, precisó.

Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), enfatizó que la Seguridad Pública es una responsabilidad civil irrenunciable para los gobernantes. Ella coincidió con García Harfuch en que estrategias aplicadas en la capital del país no fueron inventadas por la administración de Claudia Sheinbaum, pero sí han sido puestas en práctica, contrario a lo que sucede en otras entidades.

De acuerdo con la analista, el modelo de desarrollo policial creado desde el gobierno federal está en desuso en la mayoría de los estados y municipios del país. Este plan tiene como objetivo romper la barrera de investigación y sanción del delito, cuyo dominio está en el Ministerio Público, pues los policías ni siquiera podían recibir una denuncia y menos investigar si no había órdenes judiciales de por medio.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, aseguró que la policía capitalina es eficiente porque está coordinada con la fiscalía por supervisiones simultáneas mediante reuniones diarias. Mientras que agentes de inteligencia trabajan todos los días de manera sistemática para terminar con tradiciones que retardaban la procuración de justicia.

“Al ampliar las facultades de la Policía se termina con un mito de los límites de lo que eran esas mismas capacidades anteriormente, entonces la policía inclusive con base en malas prácticas, estaba acostumbrada a decir o a decirse a sí misma, que ahí no le tocaba porque era ya una dimensión investigativa”, añadió.

Según los entrevistados, parte de esos cambios impactaron en disminuir la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 63.7% de los habitantes consideraron inseguro habitar en la capital hasta el segundo trimestre de 2022: casi 30 puntos menos que el máximo histórico de marzo de 2018, con 92.3 por ciento. El nivel más bajo desde que se tiene registro es septiembre de 2014, con 58 por ciento.

Claudia Sheinbaum también ha destacado que los asesinatos se redujeron 57.4% entre diciembre de 2018 y junio de 2022, el tiempo que lleva en la jefatura de gobierno. Tan solo en 2021 hubo 1,071 homicidios en la entidad: la cifra más baja en la última década, según datos del Inegi. El reporte más alto en este ámbito fue en 2018 con 1,469 casos. Hasta el año pasado, la tasa fue de 12 víctimas por cada 100 mil habitantes, lejos del promedio nacional de 28 puntos.

Omar García Harfuch apuntó que la amplitud de capacidades requiere del fortalecimiento en la formación de los agentes capitalinos. Por ello destacó renovaciones para que pertenecer a la corporación sea tomado como un proyecto de vida. Actualmente está por egresar la primera generación de investigadores con el perfil de la reingeniería institucional. Hace tres meses se contabilizaban 334 efectivos de la SSC-CDMX en esa área, pero en agosto se prevé un aumento de 155 oficiales más.

“Siempre la policía, históricamente para muchos, era como la última opción entrar porque ya de verdad no había otra opción y nosotros queremos cambiar eso, que sea aspiracional, como lo es el Ejército, como lo es la Marina, y que desde el día uno que entras tienes un servicio profesional de carrera”, planteó.

Sin embargo, los avances presumidos deben concretarse con la dignificación policial, como revisar aumentos salariales. En la Ciudad de México se busca un incremento que duplique sueldos percibidos desde finales de 2018. A la fecha se ha logrado una mejora del 45% y cada año son crecimientos del 9 por ciento. La remuneración de un policía raso pasó de 11 mil 144 a 15 mil 732 pesos mexicanos, pero el secretario aún espera mejoras graduales hasta 2024, algo que hará que los agentes se sientan valorados.

La directora de MUCD precisó que también es necesario revisar jornadas y derechos laborales, el estado de su equipamiento, los incentivos para el escalafón y castigar posibles abusos internos por parte de superiores, además de planificar el trabajo y evaluar a los elementos.

El titular de la SSC-CDMX descartó que la policía bajo su mando esté infiltrada por el crimen organizado, aunque cuando llegó al puesto, en octubre de 2019, notó irregularidades que debió corregir, como el uso de patrullas sin supervisiones o fuera de su zona.

Durante sus gestiones han caído en la cárcel cerca de 170 elementos por incurrir en delitos graves. Y del total de efectivos, el 83% está evaluado, lo que posiciona a la capital de país con más certificaciones en los últimos dos años, según autoridades locales.

La semana antepasada detuvieron a cinco oficiales más, pues también se han viralizado posibles abusos contra la ciudadanía o maltratos en las detenciones. De todos esos casos se hace cargo el área de Asuntos Internos para determinar su posterior competencia en las fiscalías, pues entre 2021 y hasta mayo de 2022 hubo 2,296 destituciones.

“Hay una revisión y supervisión mucho más eficiente y puntual, respecto de los más de 80 mil elementos que tiene la policía que lo que antes existía”, comentó Guerrero Chiprés.

Según el gobierno local, existen poco más de 64 mil 827 cámaras del C5 este año, cuando en 2018 solo había 14 mil 588. En las unidades del transporte público se instalaron 12 mil 800 dispositivos de videovigilancia y se habilitaron más de 700 kilómetros de senderos seguros con una inversión superior a mil 202 millones de pesos entre 2019 y 2022.

El exdirector de Seguridad Privada agregó que existe apertura a recibir denuncias ciudadanas en la actual administración, lo que posibilitará modelos de intervención policial, procuración de justicia, prevención y políticas públicas, porque con esos reportes se observan incidentes delictivos representativos de la realidad.

Pero debe promocionarse más a que la población contribuya, al tiempo que los casos sean estructurados en la calidad procesal, donde se reivindiquen los derechos y se siga una secuencia visible hasta el castigo. Para él, acusar corrupción en las autoridades es un discurso delictivo que terminará, siempre y cuando haya resultados confiables para el interés de los habitantes.

“Hay que denunciar, hay que empoderar al ciudadano y las autoridades tienen que dar seguimiento a las investigaciones con la calidad que se requiera para llegar a las sentencias”, precisó.

Omar García Harfuch reconoce que las instituciones militares rescatan estados sumidos en olas de violencia, algo que sus colegas agradecen. También asume que salvaguardar el orden civil comienza en la dependencia bajo su mando y cada entidad tiene seis años para fortalecer a la policía local. Si las instituciones castrenses apoyan, no sustituyen las tareas que debe implementar.

El número de efectivos policiales en la capital supera en 222% los estándares recomendables por la Organización de las Naciones Unidas para los habitantes en esta urbe. En noviembre del año pasado, el secretario aseguró en el Congreso capitalino que no habrá militarización en la ciudad, por el desarrollo de la SSC-CDMX.

Y aun cuando la Ciudad de México tiene más de 80 mil 633 policías operativos, la jefa de gobierno aceptó que interviniera la Guardia Nacional, pese a que había prometido que no serían requeridos. Actualmente, esa corporación tiene seis instalaciones en cinco de las 16 alcaldías y suma 2 mil 840 agentes en labores de campo, mientras su personal total es de 3 mil 156 elementos. Por ahora se prevén 11 bases más, pero están en proceso de construcción.

Además, el Ejército y la Secretaría de Marina Armada (Semar) también han realizado operativos y patrullajes coordinados con dependencias locales. Según informes federales, 3 mil 777 soldados y 2 mil 94 marinos se desempeñan en tareas de seguridad capitalina. La fuerza real de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asciende a 4 mil 70 elementos y de la Semar son 3 mil 491 en esta entidad.

García Harfuch justifica que la presencia de militares es para favorecer patrullajes y la ciudadanía note el refuerzo en la periferia, como Milpa Alta. Pero al mismo tiempo considera que ambas instituciones pueden mantenerse al margen cuando hay una policía fortalecida.

“Yo creo que donde hay una autoridad local fuerte, Sedena y Marina pueden apoyar, pero en otras cosas, como por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos muchas operaciones, pero no todas son operaciones muy fuertes para ir a detener personas, tenemos patrullajes en conjunto”, explicó.

El secretario está convencido de que sacar al Ejército de las calles pasa por tener agentes locales suficientes y capaces. También piensa que lo implementado en la capital del país puede repetirse en cada una de las 31 entidades restantes, con revisiones focalizadas. Pero actualmente convive sus estrategias operativas con aquellas implementadas desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Para Lisa Sánchez, esa contradicción política fue resultado de haberse plegado a órdenes superiores, porque así como hay un desarrollo policial plausible en la Ciudad de México, poco a poco se expandieron agentes entrenados para la guerra y eliminar al enemigo, quienes no están obligados a requisitos civiles de transparencia o rendición de cuentas. Y advierte que la Guardia Nacional es adiestrada y dirigida con esos estándares por instituciones castrenses.

La activista explicó que los militares salvaguardan la seguridad nacional, así como los bienes del Estado. Mientras que los policías civiles garantizan la integridad física y los bienes de las personas. Y aunque sean uniformados, no son formados igual, porque eso se traduce en una realidad operativa, donde persiguen objetivos distintos. Hasta mayo pasado, 31 mil 283 integrantes de la SSC-CDMX fueron capacitados por la Semar, sin especificar en qué áreas de profesionalización, pero eso no significa que igualen o desplacen sus tareas.

“Operativamente el gobierno de la ciudad está haciendo bien las cosas en seguridad pública, ¿qué es lo que le falta?, le falta voluntad política para contradecir públicamente la política de militarización del presidente y, en ese sentido, ha aceptado participación de los militares, incluso cuando sabe que no los necesita”.

Salvador Guerrero Chiprés argumentó que el debate de militarización de seguridad pública es de carácter ideológico, porque lo central es que la población se perciba segura. Para eso se establecen modelos intermedios, mixtos o complementarios que no dejan de tener legitimidad frente a lo que conciba la mayoría. Y si intervienen militares en la capital, eso no desplazará los avances actuales, porque considera que son muy sólidos.

La directora de MUCD insistió que no son necedades legales para distinguir el origen civil o militar, sino la estructura que hay detrás de cada dependencia, sus controles y posibles sanciones ante abusos a Derechos Humanos. Para ella, la opinión de cuánto confían los ciudadanos no es un pretexto suficiente. Porque así como hay aprobaciones altas para instituciones militares o la iglesia, eso no significa que deba aceptarse un gobierno de la Sedena o la Semar, es decir, una dictadura.

Apuntó que esas mismas encuestas tomadas del Inegi arrojan que las organizaciones más repudiadas por la ciudadanía son los partidos políticos. Bajo esa lógica, explica, entonces deberían desaparecer o modificarse las fuerzas que compiten por vías democráticas o todo lo vinculado con ellos, como el Congreso o los órganos electorales.

Lisa Sánchez también argumentó que dar tareas de seguridad pública a la Sedena genera un presupuesto adicional para esa dependencia, porque se le atribuyen tareas más allá de lo que está a obligada a garantizar. Mientras eso ocurra, el gasto para fortalecer a las fuerzas civiles se descuida o no es atendido como debería.

García Harfuch omitió cómo se forma la Guardia Nacional y apuntó que con la Sedena no será tan fácil desmantelarla, como ha ocurrido con la Policía Federal o la Gendarmería, dependencias en que estuvo en los últimos dos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Al final, su aprobación a esa fuerza de seguridad es que tendrá orden y legitimidad.

En medio de todo eso dijo que la seguridad no pasa por el puesto de una sola secretaría. Pero las políticas que han funcionado en la Ciudad de México podrían aplicarse a nivel federal, algo que no descarta, haría si Claudia Sheinbaum es electa como presidenta de la república en 2024 y, a su vez, esa administración decide confiar en él, con base en lo que se ha logrado bajo su gestión actual.

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