La Paz gastó millones en cámaras que usa a medias

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

“Me han aventado el carro. La gente no hace caso a los señalamientos de la Policía”. Serafín Alejandro Ornelas Robles, policía municipal con grado tercero del área de Transporte y Vialidad en La Paz, Baja California Sur, México.

El experimentado oficial porta orgulloso desde hace ocho meses una pequeña cámara en la solapa de su uniforme, con la que graba todas sus intervenciones policiales y con la que ha logrado inhibir que los ciudadanos le avienten el carro cuando los multa.

De acuerdo con el proyecto que inicialmente fue una propuesta del anterior director de Transporte y Movilidad, Camilo Torres Mejía y terminó siendo desarrollado por el anterior presidente municipal Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, con la adquisición de 119 cámaras de solapa y terminales de cobro se buscaba combatir la corrupción y aumentar la recaudación.

Actualmente las imágenes grabadas con las cámaras se almacenan hasta por catorce horas y en caso de una situación complicada, como puede ser un soborno o que la gente se moleste con ellos, los puede auxiliar ante un juez o un ministerio público, explicó el oficial Ornelas.

El pasado 17 de diciembre de 2021, el XVII Ayuntamiento de La Paz activó 20 cámaras de solapa que fueron compradas en la anterior administración. Sin embargo, hasta el mes de agosto el gobierno informó a través de una respuesta a una solicitud de transparencia que solo estaban funcionando 64, mientras que otras 55 se encontraban extraviadas.

Desde que se compraron las cámaras, el 4 diciembre de 2019, el equipo estuvo guardado supuestamente por la falta de “un software”, versión emitida por el entonces alcalde Rubén Muñoz en sesión de cabildo del 8 de octubre de 2020, nueve meses después de la adquisición.

Los entonces regidores Pedro Barroso Agramont y Juan Ramón Domínguez Leyva públicamente señalaron en esa misma sesión un sobreprecio en la adquisición del equipo y calificaron la compra como una inversión de recursos públicos sin sentido. Las cámaras no se utilizaban y se mantenían guardadas.

A pesar de ser un proyecto que buscaba cerrarle el paso a la corrupción policial, actualmente sigue sin ser claro por qué las cámaras estuvieron guardadas todo ese tiempo y por qué hay un importante número extraviadas.

“Las comencé a probar, (y) utilizar. No ocupaban gran cosa, unos discos externos de seis o cinco teras y con eso ya era suficiente para poderlas activar”, dice Francisco Aguirre Riveros, actual director de Transporte y Movilidad de La Paz, quien en entrevista para este reportaje reveló que el problema no era el software.

De acuerdo al contrato AD/FORTASEG/01-2019 celebrado el 4 de diciembre de 2019, el XVI Ayuntamiento de La Paz compró por adjudicación directa 119 cámaras de solapa a la empresa Wise Tech SA de CV. Contrato firmado por puño y letra de Alejandro Mota Trasviña (secretario general), Martha Judith Paez Osuna (síndica) y Adrián Nieto Llovet (administrador único de Wise Tech).

La compra por el equipo fue de $2,677,500.00 (dos millones seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos). Un promedio de 22,500 pesos por cámara.

Cinco meses más tarde, el 11 de mayo del 2020, en medio de la cuarentena de Covid-19, el entonces presidente municipal en compañía del ex director de Desarrollo Social, Manuel Cota Cárdenas, grabaron un video en la Dirección de Seguridad Pública municipal donde anunciaron la entrega del siguiente equipo:

-1,500 camisolas, 1,500 pantalones, 750 gorras, 750 fornituras, 750 pares de botas, 781 chamarras, 119 cámaras de solapa y 27 radios matra.

Desde esa fecha no se volvió a saber nada de las cámaras ni de las terminales.

Fue hasta el 8 de octubre de 2020, durante una sesión de cabildo, que el entonces regidor Pedro Barroso expuso que la adquisición de las cámaras habría sido una compra “sin sentido”.

Señaló que estaba incompleto debido a que no adquirieron computadoras, servidores y discos duros para almacenar todo el material que deberían captar durante sus jornadas laborales los policías.

“A mi punto de vista el tenerlas y no utilizarlas es lo mismo que no tenerlas”, dijo Pedro Barroso, durante aquella sesión.

Barroso también aseguró que las cámaras se adquirieron con sobreprecio, pero no aportó ninguna prueba documental sobre este hecho solo su dicho que fue recogido por diferentes medios de comunicación a nivel local.

Ante el señalamiento de sobreprecio, el 27 de abril de 2022 se solicitó para este reportaje una cotización a la empresa Wise Tech del mismo equipo, donde la compañía reconoció que el valor de cada cámara era de $19,548 pesos, es decir 13% menos de lo que le costó al Ayuntamiento dos años antes.

En los dos precios existe una diferencia por el lote de 119 cámaras de $351,180 pesos.

Se buscó en dos ocasiones al ex alcalde Muñoz Alvares vía llamada telefónica y a través de una conversación por Whatsapp para incluir una postura, pero manifestó su interés de abstenerse y no emitir una declaración del tema.

“Hablamos de agua cuando gustes. Esa es mi agenda ahora”, expresó el ahora diputado federal Rubén Muñoz, a quien se le contactó para hablar de las cámaras.

La empresa Wise Tech a través de su representante legal, Adrián Nieto, constituido ante el Registro Público de la propiedad, ofreció en entrevista algunas precisiones sobre las cámaras:

1. El proveedor recomendó al gobierno local comprar un software pero el Ayuntamiento argumentó tener la infraestructura necesaria y que se comunicaría de manera directa con la empresa en China.

2. Adrián Nieto aseguró que el enlace con la empresa fue un director de sistemas, pero no reveló el nombre.

3. Nieto Llovet aseguró que el precio excedente se deriva de diversos factores comerciales, entre ellos, el valor del dólar y costo de transporte. Asimismo, negó que se tratara de un incremento por ser un gobierno.

4. Aseguró también que las cámaras se compraron mediante una licitación.

5. El representante legal reveló que el Ayuntamiento de La Paz le compró a la empresa Actuel SA de CV, propiedad de su familia, 1,500 camisolas, 1,500 pantalones, 750 gorras, 750 fornituras, 750 pares de botas, 781 chamarras y 27 radios matra, equipo que coincide con el entregado en mayo de 2020.

6. De acuerdo con Adrián Nieto, el Ayuntamiento les quedó a deber el pago de calzado. “Tuvimos otra empresa que les vendió ropa y no nos pagaron unas botas. Somos un grupo y quisimos quedar bien para seguir vendiendo y hubiera otros proyectos”.

7. Además, aseguró que ya no trabaja en la empresa Wise Tech, pero sigue en relación con ellos.

Con una temperatura de 36 grados centígrados y una sensación térmica superior, que hace incómodo la exposición del sol, así inició el recorrido que se hizo con el oficial tercero Serafín Alejandro Ornelas Robles, quien mostró cómo es el uso de las cámaras de solapa.

”Buen día, mi nombre es Alejandro, vengo a darte molestia por qué el vehículo no puede estar estacionado sobre la banqueta, es para el peatón. Le encargamos que lo mueva y no lo vuelva estacionar así para no dejarle una boleta de infracción”. Mencionó el policía a un conductor en tanto la cámara graba cada detalle de la conversación.

El equipo graba de día y de noche durante catorce horas continuas. El objetivo es documentar la interacción, respuesta y situaciones que pueden ocurrir entre un elemento de seguridad y un conductor, manifestó el oficial tercero.

Divididos en dos bloques, los policías del área de Transporte y Vialidad trabajan de 6:30 am a 14:00 horas, mientras que el segundo turno laboral de 14:00 horas a 22:00. En un día pueden llegar a registrar hasta 80 boletas, de acuerdo con información proporcionada por el policía Serafín Ornelas.

Una solicitud de transparencia dirigida al Ayuntamiento de La Paz reveló que el 17 de diciembre de 2021 se entregaron sólo 20 cámaras corporales, mismas que usan 38 oficiales. En 128 días han registrado un total de 6,522 boletas (infracciones).

De acuerdo a información emitida por el gobierno municipal a través de una respuesta a una solicitud de transparencia, la compra de las cámaras de solapa se realizó con recursos federales extraídos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg). Una copia del contrato AD/Fortaseg/01-2019, contradice las declaraciones del representante legal de la empresa, Adrian Nieto Llovet.

El Ayuntamiento estipula en el contrato que la compra se realizó por adjudicación directa, sin embargo, de acuerdo con esta investigación periodística hay versiones encontradas porque el representante de la empresa sostuvo que se trató de una licitación del Ayuntamiento y no una adjudicación, como dijeron las autoridades locales.

En el inciso - G - del contrato se estipula lo siguiente: “La asignación del presente contrato se realizó mediante Adjudicación directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción III, 40 y 41 fracción IV, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el Dictamen de Exclusión a la Licitación y Dictamen de Adjudicación Directa, ambos de fecha 10 de diciembre de 2019″.

Para constatar lo expresado por la autoridad, el pasado 26 de abril de 2022 se solicitó a través de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo el folio 03007762200189 y 030077622000190 lo siguiente.

De acuerdo al contrato AD/Fortaseg/01-2019 para la adquisición de 119 cámaras de Solapa, se solicita:

-Dictamen de Exclusión a la licitación

-Dictamen de Adjudicación Directa

-Investigación de mercado de proveedores

La autoridad municipal respondió el 17 de mayo del 2022, que luego de una búsqueda exhaustiva no se encontró registro de la información solicitada.

Al consultar la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se detectó que no se respetó el proceso de licitación conforme a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con la ley, los licitantes o proveedores que infrinjan sus disposiciones serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

“Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción”, menciona la Ley.

Más. De acuerdo con el artículo 60, la Secretaría de la Función Pública, además de la sanción económica se prevé la inhabilitación temporal “para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes”.

La contraloría municipal a cargo del doctor Ernesto Alonso Rodrigues Hurtado, manifestó a través de diversas solicitudes de información qué durante el año 2019 no se realizó auditoría, ni tampoco existen quejas, denuncias o carpetas de investigación vinculada a la compra de este equipo con recursos federales.

El contralor precisó que, en caso de presentarse una denuncia o queja se daría inició a una investigación de ofició. Esto quedó plasmado el pasado 2 de agosto mediante el oficio CM/4784/2022 quien dio aviso al Departamento Jurídico de Responsabilidades y de Situación Patrimonial.

Actualmente las cámaras de solapa son utilizadas para auxiliar con material digital (fotografías y videos) a los Policías que infraccionan a los conductores.

El contenido del equipo ha sido utilizado en la resolución de 25 casos del juzgado cívico. Anteriormente los oficiales no tenían pruebas para defenderse. Asimismo la recaudación ha incrementado de manera positiva en los meses de octubre a julio.

Las principales causas de infracción a un conductor son: Estacionarse en zonas prohibidas (4,010), utilizar el celular mientras conduce (2,471), conducir sin placas (1,244), estacionarse sobre la baqueta (947) y pasarse el semáforo (926).

Aun cuando sigue sin ser claro por que hay 55 cámaras que no aparecen, las que están operando ayudan a los policías como Serafín Ornelas a prevenir la corrupción y aumentar la recaudación municipal.

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