La ONG Save Democracy denunció que “México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes”.
En su más reciente informe, indicó que, desde hace una semana en ese país, y más concretamente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, “se vive un clima de auténtico terror provocado por la quema de decenas de vehículos y numerosos establecimientos comerciales y gasolineras, el secuestro de elementos de la Guardia Nacional, el enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y el Ejército en varios puntos y, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas a consecuencia de estos hechos”.
“Este escenario es una tragedia social que afecta la vida pacífica de la ciudadanía e impide el desarrollo futuro de su democracia. Hasta hoy no han existido respuestas gubernamentales efectivas para combatir y prevenir el establecimiento y crecimiento de redes criminales transnacionales que han diversificado sus delitos económicos más graves, como la descontrolada trata de personas, y que compiten por la captura de vastos territorios y sus gobiernos constitucionales”, siguió el informe.
Y resaltó: “La gravedad de esta situación bloquea el funcionamiento normal de las instituciones del sector público y del sector privado, amenazando también la seguridad humana de la población civil mexicana”.
Luego manifestó que, dicha violencia criminal, “con cada día más frecuentes actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad que en un 99% de los casos quedan en total impunidad, hace indispensable que las instituciones del sector público de México reaccionen frente a los bloqueos mafiosos y la utilización del terror como nueva arma de presión, control y expansión. En este sentido, hemos de puntualizar que el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad pública no parecen haber sido un aporte al desarrollo de la democracia mexicana ni al buen gobierno”.
“Es hora de que los tres poderes del Estado junto a todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil acuerden la aplicación de las prácticas antimafia que están plasmadas en las Convenciones de las Naciones Unidas que México ha firmado y ratificado como país soberano. Hoy más que nunca el camino es el de la construcción de consensos y no el de la confrontación”, subrayó.
Y concluyó: “En este legítimo contexto, Save Democracy hace un llamado a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado para generar el consenso político necesario para aplicar estas políticas públicas hoy ausentes en ese país y así luchar contra la violencia criminal, la impunidad y la falta de transparencia que, cada día más, padece su población”.
Reclamos por la escalada de violencia
Diversos activistas y organizaciones civiles pidieron este lunes su apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se reconozca la situación de conflicto interno violento en México y se tomen medidas inmediatas.
En el acto, que tuvo lugar frente al Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado en el centro de la capital, se reunieron activistas como Kenya Cuevas, fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias; Cecilia Patricia Flores, de Madres Buscadoras de Sonora; Renata Villarreal de Marea Verde, y Bryan LeBaron, familiar de los mormones masacrados en noviembre de 2019 en el noroeste mexicano.
“Si no llamamos las cosas por su nombre, si no tenemos el diagnóstico correcto, nunca va a ser un éxito la estrategia”, dijo el activista LeBaron durante la conferencia, en la que reclamaron que las acciones son urgentes ante el aumento de la violencia en los últimos años pero especialmente en las últimas semanas, en actos que calificaron como de terrorismo.
“Los grupos armados ilícitamente que se oponen y confrontan con el Estado mexicano se han diversificado, han ido incrementando con el tiempo su poder armamentista, económico y social, y se han apoderado de gran parte del territorio que comprende la nación, pues según lo reportado en el estudio realizado por Congressional Research Service entre 30 % y 35 % es un ‘espacio no gobernado’, es decir, ausencia del estado de derecho mexicano”, expresaron los activistas en la carta enviada a la ONU.
Autoridades mexicanas reportaron este lunes la detención de 3.630 personas en un fin de semana marcado por actos públicos violentos del crimen organizado en diversas entidades del país, aunque negaron que exista terrorismo.
Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Interior), cuestionado directamente en la habitual conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre si los hechos violentos de los últimos días eran un acto de terrorismo, fue enfático al reiterar que solo fueron actos “propagandísticos” de los grupos delincuenciales.
“No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda”, enfatizó.
Asimismo, aseveró que la estrategia de seguridad en México “está dando resultados” y apuntó que el próximo 20 de agosto se presentarán los datos que demuestran cómo la incidencia delictiva “está a la baja”.
Mientras que López Obrador dijo que la oposición está “exagerando” con respecto a los hechos.
Estados Unidos está en contacto con México para evaluar la seguridad en Baja California
Estados Unidos afirmó este lunes que está en contacto con el Gobierno de México para evaluar la situación de seguridad tras las jornadas violentas registradas en el estado mexicano de Baja California.
“Estamos trabajando muy de cerca con las fuerzas de seguridad mexicanas y con el Gobierno para evaluar las actuales condiciones en Baja California. El Gobierno mexicano ha desplegado centenares de tropas para estabilizar la situación”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El funcionario explicó que entre el viernes y el domingo se instruyó al personal consular estadounidense en ese estado a buscar refugio por “los bloqueos y la fuerte actividad policial” en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate.
Afirmó que esa instrucción ya se levantó y que no tiene reportes de ciudadanos estadounidenses heridos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, opinó en las últimas horas que la oposición está “exagerando” la situación de violencia, y afirmó que “no hay ningún problema mayor”.
De acuerdo con algunos conteos de la prensa nacional, con los hechos de violencia que se registraron entre el miércoles 10 y el viernes 12 de agosto, se acumularon 260 asesinatos en México.
Sin embargo, el presidente negó estos números y dijo que solo hubo 196 muertos entre el viernes 12 y el domingo 14 de agosto, y aseguró que fue el fin de semana “que menos muertos ha habido”.
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