La defensa legal de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una solicitud para que el mandatario federal sea llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal respecto al caso de presuntos delitos electorales por las “aportaciones para el movimiento” realizadas en el 2015.
En el escrito presentado por el abogado Pablo Hernández-Romo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), se precisa que la petición se realiza con base en el derecho humano a una adecuada defensa, toda vez que el pasado 2 de agosto se notificó a Pío Lorenzo López Obrador “que no era procedente autorizar la determinación del 30 de junio de 2022, que consistía en el no ejercicio de la acción penal”, porque se debían realizar “diligencias de investigación tendientes a recabar mayores datos de prueba”.
Pablo Hernández-Romo Valencia, pidió llamar a declarar al presidente, toda vez que fue el primero en hablar de los recursos recibidos en su conferencia mañanera del 21 de agosto del 2020.
“Si el presidente de la República habló públicamente sobre los hechos materia de investigación en la carpeta que nos atiene, dijo saber para qué se utilizaba el dinero en cuestión y mostró su completa disposición a declarar, considero que es indispensable que se tome su declaración efecto de esclarecer los hechos”, se señala el escrito.
“La necesidad de que el presidente la República declare es clara, dado que éste fue el primero en hablar públicamente sobre los hechos en la misma línea en que posteriormente lo hizo Pío López Obrador en la entrevista, que de acuerdo con usted, obliga a la representación social de la Federación a continuar con la investigación”, se indica en el oficio presentado la tarde del viernes 12 de agosto, en referencia a una entrevista otorgada por el hermano del mandatario a Expansión Política.
En el documento se menciona que durante la conferencia mañanera del 21 de agosto de 2020, el presidente López Obrador señaló que aceptaría comparecer ante el Ministerio Público: “Son aportaciones para fortalecer el movimiento, en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos como ayudaron muchos mexicanos, yo sabía de esos videos”, admitió ese día el Jefe del Ejecutivo federal.
Al ser cuestionado por un reportero si esa investigación contra su hermano “lo alcanzaba” si se presentaría ante las autoridades a lo que AMLO aseguró que sí.
“Claro que sí, no sería la primera vez que voy al Ministerio Público”, aseguró el presidente entre risas.
Cabe recordar que Pío López Obrador, es investigado por presuntamente haber incurrido en un delito electoral en 2015, al recibir dinero de David León, quien en ese entonces era operador de Manuel Velasco cuando éste era gobernador de Chiapas. Los recursos recibidos habrían sido utilizados para financiar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) ha avanzado lentamente.
El hecho lo destapó el periodista Carlos Loret de Mola en 2020 al exhibir grabaciones en las que aparece David León entregando dinero a Pío López Obrador. Después de que el material se hizo público, la FGR abrió una carpeta de investigación que desde entonces está en proceso de revisión.
Incluso la Fiscalía propuso cerrar el caso de los videoescándalos de Pío López Obrador en julio. Fue Héctor Sánchez Zaldívar, funcionario adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), quien presentó ante un juez la solicitud, en la que argumentó que la instancia no era la adecuada para dar resolución al tema.
Sin embargo, poco después la propia FEDE aseguró que no habrá carpetazo. Esto a pesar de que se presentó una propuesta para no ejercer acción penal en contra del hermano del presidente.
Hay que resaltar que la FGR ha frenado las intenciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de acceder a la carpeta de investigación. Aunque el organismo expuso que el asunto le corresponde, debido a que el delito investigado es electoral, las autoridades no les han dado acceso a la información.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la decisión de no permitir la incursión del INE en el caso. La magistrada Jazmín Esquivel aseveró que el órgano electoral no debe tener acceso al archivo debido que esto podría significar una violación a la intimidad familiar del ejecutivo federal.
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