La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de audiencia judicial para la imputación de Cristian Solís por su probable participación en el delito de explotación ilícita del subsuelo a través de la mina de carbón conocida como “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila.
Esta fue presentada ante el Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Torreón. El delito por el que se le acusa, es previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa.
Lo anterior por su responsabilidad en todos los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo “que es un bien de la nación”, a través de la mina de carbón, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone.
En la formulación de la imputación, señalarán a las personas que han hecho declaraciones al respecto, además de los dictámenes en documentación fotográfica, en materia de criminalística de campo, ingeniería y arquitectura, investigación criminal e inspecciones y entrevistas.
También se agregan los documentos de autoridades locales y federales competentes en esta área. A su vez, se adjunta la declaración ministerial del imputado Cristian Solís y toda la documentación y diligencias en el caso.
Cristian Solís fue señalado por el gobernador de Cohauila, Miguel Riquelme, y por la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, como el propietario del predio en el que ocurrió el derrumbe de la mina Las Conchas.
En conferencia de prensa, Zogbi Castro comentó que hasta el momento se conoce que el propietario del predio cuenta con resgistro patronal y está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de forma regular.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia matutina el pasado 9 de agosto, anunció el inicio de la investigación de la FGR para sancionar a quienes sean responsables del colapso de la mina, aunque en aquella ocasión dijo que se le dará mayor prioridad al rescate de los mineros atrapados.
Aunque la FGR informó que estas iniciaron el pasado 5 de agosto bajo la línea de posibles delitos de carácter federal vinculados con el derrumbe.
Cabe señalar que el colectivo Familia Pasta de Conchos acusó que el desplome se debió a las malas condiciones en las cuales laboraban los mineros y que estas son propiciadas por la colusión entre empresas y autoridades.
A través de su cuenta de Twitter, el colectivo que aboga por los derechos laborales de los mineros, señaló que las paredes de los tres pozos de carbón no estaban construidas con materiales que pudieran evitar que estas cayeran.
Por lo que a través de un comunicado en su cuenta denunciaron que aún imperan la falta de inspecciones de seguridad, la complicidad de las autoridades con las empresas y la desprotección de trabajadores del rubro minero, lo que desemboca en tragedias como esta.
“Llamamos al Estado mexicano a realizar con diligencia cuanto esté a su alcance para el rescate y a revisar de fondo las condiciones de la minería en la zona”, redactó el colectivo.
Por otro lado, Coahuila ocupa el primer lugar a nivel nacional en la extracción de carbón, con un 98% del volumen total, cuyo principal destino se encuentra en las dos carboleléctricas de la CFE en esa región.
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