La búsqueda para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha causado una gran controversia pues se ha alegado que se trata de otro paso hacia la militarización de México por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Esta se da ante el incremento de la violencia a lo largo del territorio nacional por parte de grupos del crimen organizado. Por lo que el pasado 8 de agosto el primer mandatario anunció que se llevaría a cabo un acuerdo para que la Guardia pase a manos de la Sedena.
Ante la propuesta del presidente, diferentes personalidades destacaron que se trataba de una violación a la ley, y a estas se sumó el colectivo Seguridad Sin Guerra quienes compartieron un comunicado en el que llamaron a impedir “el golpe de AMLO a la constitución” pues argumentan que la propuesta se trata de un acto inconstitucional a todas luces.
“Por años, la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional. La guerra de Felipe Calderón, la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto: toda la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en los hechos o en la ley, es violatoria de la Constitución”
Pero señalaron que a pesar de estos intentos, a los cuales el mismo presidente y sus seguidores se opusieron en el pasado, los expresidentes no se habían atrevido a tanto.
También condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha mantenido un silencio insoportable ante la militarización del país llevada a cabo por el presidente. Y señalaron que ya lo había intentado en el 2019.
Pero tras el acuerdo militarista en el 2020, junto con la reforma “ahora se suma la declaración de lo poco que le importa a López Obrador la constitución y la democracia”.
“Entregar la Guardia Nacional a la SEDENA por un acuerdo presidencial es un golpe militar a la constitución. Es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al poder civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores”, redactaron.
Por lo que llamaron a los legisladores y a la Suprema Corte a negar la reforma y que se convoque a audiencias públicas con víctimas y expertos a deliberar “YA los asuntos que no han querido resolver”.
Ya que tanto el colectivo, como otras organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, así como políticos y analistas, han señalado que desde los anteriores sexenios, los intentos de militarización solo han contribuido a faltas a los derechos humanos.
Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública no ha hecho ninguna mejora en la situación de seguridad del país.
De igual forma, diferentes miembros de la oposición destacaron la falta de congruencia del presidente debido a que en el pasado se había comprometido a deshacer la militarización en el país, que inició con la guerra contra el narco de Felipe Calderón.
Pues en el 2010 se había opuesto a una reforma en la que se buscaba otorgar al ejército mayores facultades para la lucha contra el narcotráfico y llamó a “regresar al ejército a los cuarteles”, promesa que hizo en 2018 como parte de su campaña electoral.
Pese a las críticas, el jefe del ejecutivo se defendió negando que estuviera traicionando el principio de civilidad de la Guardia Nacional: “Si hay una violación a la Constitución, para eso está el poder judicial. Ya no depende del presidente”.
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