La activista Isabel Miranda de Wallace denunció este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por la presunta comisión de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones, vinculado al caso del secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace.
En conferencia de prensa, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, acusó que existe un interés personal y económico del ministro de resolver a favor el amparo que fue tramitado por Juana Hilda González Lomelí, acusada de participar en el caso de Alberto Wallace en 2005, el cual se encuentra en la Primera Sala del máximo tribunal del país.
Y es que aseguró que recibió información por correo electrónico en la que le indicaron que Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP); Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública (SFP), y el periodista Ricardo Raphael propusieron a Zaldívar liberar a Hilda González Lomelí, a cambio de “fuertes sumas de dinero”.
“Lo pusieron en contacto con una persona interesada en liberar a toda la banda de secuestradores de mi hijo, ya que formaron parte de una de las células del cártel”
La ex candidata del Partido Acción Nacional (PAN) para la Ciudad de México insistió en que es inadmisible y reprochable que quien encabeza uno de los Poderes de la Unión, “presumiblemente se encuentre coludido con el crimen organizado y que pueda intervenir directamente en los asuntos que se tramitan en cada una de las salas que integran la SCJN”.
Argumentó que si Zaldívar niega que las acusaciones en su contra son falsas, entregue su teléfono celular o cualquier otro dispositivo para que se le realice una prueba pericial. Mientras que le solicitó a la ministra Margarita Ríos Farjat que se abstenga de votar o conocer dicho amparo.
Además llamó a la FGR a que ante la denuncia interpuesta se actúe con la debida diligencia para resolver la carpeta de investigación que se inició en contra del ministro presidente de la SCJN, así como de las personas involucradas y aquellas que resulten responsables.
“Que actúen con imparcialidad y apegados únicamente a las constancias que obran en el expediente y no a la campaña mediática que ha orquestado este grupo en mi contra, ya que si bien es cierto que hoy me quejo de dos miembros de la Suprema Corte, también lo es que tengo confianza en el profesionalismo, ética y vocación de impartir justicia de los demás”
Por otra parte, reveló que están orquestando atentados en contra de ella, de su familia y patrimonio; pues aseguró que contrataron sicarios y golpeadores de Guerrero, donde, según Wallace, tiene influencia la familia Sandoval Ballesteros.
Cabe mencionar que el pasado 13 de julio Arturo Zaldívar señaló que Isabel Miranda de Wallace está “fabricando pruebas” para desprestigiar a altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como de “querer extorsionar” con ellas. En conferencia de prensa, el ministro afirmó que por lo anterior la FGR ya está revisando el caso.
“Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella”
“Tengo conocimiento que ya está fabricando pruebas para tratar de generar una mala impresión y afectar la fama pública de algunos altos servidores públicos del Poder Judicial federal y este tema ya está viéndose en la Fiscalía General de la República”, detalló. Agregó que él no intervino para la tramitación de dicho amparo a González Lomelí.
“Lo que no me parece adecuado es acusar de corrupción, tráfico de influencias y muchas cosas sin pruebas y quererlas fabricar. Afortunadamente esas pruebas que está fabricando son muy fáciles de desvirtuar”
“Ella quiere afectar, quiere extorsionar y además se está equivocando. Yo no tengo nada que ver con los asuntos, que litigue los asuntos en los tribunales”, recalcó.
El caso cobró de Hugo Alberto tomó notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a su hijo. Sin embargo, este asunto también ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.
En 2020, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyeron que Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 y procesada por el caso, fue torturada y se encuentra detenida de manera arbitraria, pues lleva 15 años sin recibir sentencia de primera instancia. La ONU pidió su liberación inmediata.
Por ello, otros sentenciados como Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz han promovido amparos.
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