Fiscalía CDMX ya no podrá usar el término “Cártel Inmobiliario” con el caso Luis Vizcaíno

Un juez de Amparo de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a favor de Luis Vizcaíno para que las autoridades capitalinas dejen de utilizar el término “Cártel Inmobiliario” con relación a su caso, pues viola el debido proceso, acusó el defensor legal del ex funcionario, Gabriel Regino García.

La defensa de quien fungió como director jurídico de la entonces delegación Benito Juárez entre 2009 y 2016, alegó que el término utilizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) criminaliza al imputado, al tiempo que vulnera sus derechos humanos, así como la presunción de inocencia.

Fue el titular de juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, Juan Mateo Brieba de Castro quien concedió la suspensión provisional de amparo en favor de quien se encuentra acusado por la fiscalía local por crímenes de enriquecimiento ilícito, quien se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

A finales de junio se dio a conocer la detención de Luis Vizcaíno, funcionario del Partido Acción Nacional (PAN) presuntamente relacionado con el llamado Cártel Inmobiliario; una organización criminal que, de acuerdo con la FGJ, se dedicaba a extorsionar y a desalojar viviendas en la alcaldía Benito Juárez, en beneficio de empresas inmobiliarias.

Tras la captura del político, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara López, señaló que a Vizcaíno se le señalaba por enriquecimiento ilícito por medio de extorsiones e intercambio de favores, ya que pudo haber dado respuesta a determinadas presiones por parte de empresas de la construcción con el fin de realizar desalojos en domicilios particulares.

Del mismo modo, se le acusó de haber favorecido a cierto grupo de Acción Nacional y a la alta jerarquía de la ahora alcaldía Benito Juárez, “en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico tanto en la demarcación, como en el partido político en el que milita”.

En tanto, la FGJ apuntó que detrás del Cártel -se presume- están involucrados más funcionarios públicos, por lo que se giraron más de una treintena de órdenes de cateo; mientras que Ulises Lara aseguró que la institución “llegará hasta las últimas consecuencias”.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró el pasado 8 de agosto que la dependencia a cargo de Ernestina Godoy encontró al menos una decena de empresas fantasma ligadas al Cártel Inmobiliario. “La Fiscalía encontró un hilo y ha empezado a jalar y viene la madeja de un nido de corrupción”.

Asimismo, en el caso han salido involucrados otros funcionarios que participaron en la administración de la Benito Juárez de 2006 a 2018, por lo que también podrían ser investigados por las autoridades. Sin embargo, algunos de ellos actualmente desempeñan cargos públicos, como los diputados Jorge Romero Herrera y Christian von Roehrich.

No obstante, Sheinbaum declaró este 9 de agosto que será la fiscalía quien determine si es necesario quitarles el fuero a dichos legisladores panistas, pero que Romero Herrera deberá explicar las irregularidades que se cometieron durante su administración al frente de la Benito Juárez.

En tanto, Luis Vizcaíno fue vinculado a proceso en días pasados, mientras que Nicias Aridijis, quien fue director de Obras y Desarrollo Urbano, también cuenta con una orden de aprehensión en su contra pero se encuentra amparado.

Por otra parte, el grupo parlamentario del PAN en la Ciudad de México acusó que todo lo anterior se trata de una persecución política orquestada por Sheinbaum, además de que se politiza la impartición de justicia.

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