No cesan las críticas hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su intención de integrar a la Guardia Nacional (GN) en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Y es que, si bien una parte de las arremetidas señalan la incongruencia del acto con su reiterado rechazo por la militarización (expresado en 2010), otra parte le ha acusado de infringir los procesos estipulados en la Constitución.
Bajo ese tenor fue que el polémico Javier Lozano, militante del Partido Acción Nacional (PAN), tachó al Jefe del Ejecutivo de haber adquirido “una actitud fascista”, así como adoptar el comportamiento de un dictador.
“Sabe bien que, al final, la SCJN echará abajo su ‘Acuerdo’ o ‘Decreto’. Pero juega con los tiempos y se pasa la Constitución (artículos 21 y 129) por el Arco del Triunfo. Esta es una actitud fascista. Es un émulo de dictador”.
Lo dicho por el blanquiazul derivó luego que Andrés Manuel, en su mañanera del 9 de agosto pasado, negara que el acuerdo (o decreto) viole la esencia con la cual se fundó la GN, un carácter civil: “Si hay una violación, para eso está el poder judicial”, arremetió.
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, se lee en el artículo 21 de la Carta Magna - citado por Lozano. En ese mismo, se estipula que la institución instaurada en 2019 estará adscrita a la secretaría del ramo de Seguridad Pública, mientras que su relación con las Federativas será coordinada y colaborativa.
Es por ello que la inconstitucionalidad de la medida obradorista recaería en que, con la integración a la Defensa Nacional, la GN perdería su facultad para atender los asuntos de seguridad pública, ya que los cuerpos de las Fuerzas Armadas no están diseñadas para ello.
“(El Ejército) está diseñado para otras funciones (...) Se quiere perpetuar el que sea una institución controlada por los militares y esto es malo para la seguridad pública”, explicó a Infobae México, Guillermo Valdés, exdirector del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
En tanto, el apartado 129 constitucional - también referido por el panista - prohíbe la atribución de más funciones que le competan a las fuerzas militares durante tiempo de paz. Asimismo, señala que los cuerpos únicamente se localizarán en las Comandancias fijas y permanentes, es decir, dentro de los cuarteles.
Esto último evoca a la lluvia de señalamientos que el sexenio de López Obrador ha recibido por “haber militarizado a la República” pues, más allá de los incontables despliegues en zona de riesgo, el presidente ha designado al Ejército más de 30 tareas ajenas a sus funciones de Seguridad Pública.
WikiLeaks: desde 2006, AMLO planeaba militarizar la seguridad en México
El cable diplomático 06Mexico505, filtrado por el sitio Wikileaks hace once años, expuso que desde el 2006 Andrés Manuel López Obrador había confesado al entonces embajador de Estados Unidos, Tony Garza, su intención de dar mayor poder al Ejército para hacerse cargo de la seguridad pública; esto, si conseguía la victoria en los presidenciables de aquel año.
Esto, según el cable, fue discutido en un desayuno, donde el candidato de la izquierda mexicana detalló que su estrategia para el combate a los grupos del narcotráfico incluía un reforma constitucional para otorgar mayor poder a los militares, pues los consideraba más efectivos y menos corruptos que las dependencias de mando civil, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
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