La mañana de este lunes 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que emitirá una propuesta de reforma constitucional para que la Guardia Nacional (GN) se convierta en una institución incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, adelantó que en caso de que su iniciativa sea rechazada por el Poder Legislativo, implementará dicha medida a través de un decreto presidencial.

“Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada” aseguró.

Dicha postura desató múltiples críticas debido a la contradicción que representa respecto al decreto de creación de la Guardia Nacional, el cual estipula que es “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”.

Es decir, la propuesta de reforma de AMLO pretende que la GN abandone su carácter estrictamente civil para anexarse a las corporaciones militares.

Ante la propuesta de López Obrador, Jorge Triana, quien es diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su desacuerdo con la manera en la que el titular del Ejecutivo Federal pretende “pasar por encima” de las Cámaras de Diputados y Senadores para hacer realidad la iniciativa.

Afirmó que la reforma que busca impulsar AMLO violenta la constitución. “Primero, invade las atribuciones exclusivas del Congreso para legislar en materia de seguridad pública y de seguridad nacional”, manifestó a través de un video publicado en sus redes sociales.

También hizo referencia al artículo 21 de la Constitución Política, el cual señala que la Guardia Nacional deberá estar adscrita a la SSPC y será de carácter civil, no castrense ni militar.

En este sentido, apuntó que AMLO “a través de un decreto inexistente, que no tiene sustento legal ni potestad alguna para ordenarlo, lo que quiere es pasar por encima del Congreso porque sabe que no tiene los votos suficientes para sacar adelante su reforma”.

Igualmente, señaló que el acuerdo presidencial que pretende hacer efectivo el presidente responde al antecedente del pasado mes de abril, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada para sacar adelante la Reforma Eléctrica.

“Este acto desesperado refleja que su estrategia en materia de seguridad es un auténtico fracaso”, acusó el legislador panista en la grabación, en la que aseguró, además, que “este despropósito exhibe al presidente como lo que es, un verdadero simulacro de dictador, que exhibe su talante autoritario y su desconocimiento pleno de las leyes del país que dice gobernar”.

Al ser cuestionado sobre la propuesta, López Obrador argumentó que el sometimiento de la Guardia Nacional a la Sedena impediría que prevaleciera la corrupción al interior de la institución, como ocurrió con las fuerzas de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Que la Guardia Nacional sea parte de la SEDENA para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder. Para que no vuelva a pasar lo que pasó con la Policía Federal Preventiva, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió. Queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Defensa como las Fuerzas Áreas y otras ramas que tienen que ver con la defensa”, ha dicho el funcionario.

Bajo esta narrativa, comentó que “si no dejamos a la Guardia Nacional bien sembrada en una institución como la Sedena, va a aguantar un sexenio y se va a volver a lo mismo: que hay que cuidarse de la policía y no sólo de la delincuencia”.

Expertos en materia de seguridad, así como defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han advertido en múltiples ocasiones sobre los posibles riesgos de militarizar al país.

Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional fue el cuerpo de seguridad con más denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, pues entre enero y septiembre de ese año acumuló un total de 388 quejas, por encima de la Sedena (344) y la Fiscalía General de la República (214).

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