La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 32 años contra Juan Gabriel Hurtado Juárez, quien fue identificado como parte de una célula de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, dedicado a la distribución de drogas en el Valle de México.
De acuerdo con los reportes, Hurtado Juárez fue detenido hace casi dos décadas, en octubre de 2003. Cayó tras una fuerte balacera en el Estado de México junto con cuatro sujetos más, incluido Alberto Soberanes Ramos, el Socorro, asesinado en mayo de 2004 al interior del actual penal del Altiplano.
El Socorro era el líder del grupo de vendedores y distribuidores de drogas en la zona metropolitana que incluye a la Ciudad de México. Tras su arresto fue procesado por narcotráfico y desde entonces fue ubicado como lugarteniente del Chapo Guzmán.
A esa facción pertenecía Juan Gabriel Hurtado Juárez, quien recibió sentencia por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero pasaron casi 20 años para que supiera el tiempo que debe pagar tras las rejas, el cual ha cumplido en su mayoría.
“El ahora sentenciado formaba parte de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de droga la cual operaba principalmente en el Estado de México y Ciudad de México”, reiteró la FGR.
La condena precisa es de 32 años y ocho meses. Desde su captura la noche del 9 de octubre de 2003 quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, el Altiplano, en la demarcación mexiquense de Almoloya de Juárez. Anteriormente el centro carcelario era conocido como el penal de la Palma; ahí fue donde asesinaron en el área de baños al Socorro.
Este caso fue encabezado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, para solicitar la pena al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
El día en que cayeron estos operadores del Cártel de Sinaloa se suscitó un fuerte enfrentamiento en que perdieron la vida dos personas y una más resultó herida. El operativo fue encabezado por agentes ministeriales locales, quienes catearon dos casas de seguridad y hallaron un arsenal, además de una importante suma de dinero.
Incluso, los agresores ofrecieron medio millón de pesos para que los dejaran irse. A los detenidos se les decomisaron 20 armas de fuego, tres mil cartuchos de diversos calibres, así como 28 mil dólares en efectivo. El ataque ocurrió en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
En las acciones murieron sicarios que viajaban en un vehículo y al menos dos de ellos vestían playeras de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependencia que encabezaba Genaro García Luna, exfuncionario federal preso en Nueva York desde 2019 y acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa a partir del año 2000.
Sergio Peña Hernández, otro de los atacantes, fue hallado sin vida al interior de una camioneta Ford, tipo Winstar. Esta unidad presentaba 32 impactos de bala. Mientras que en un Jetta, negro, modelo 1992, estaba herido Pablo Rafael Rodríguez Díaz, quien falleció en el hospital. En el auto localizaron documentos de la entonces Procuraduría General de la República.
En las casas de seguridad también localizaron una pesa, máquina para contar dinero, celulares, radios de comunicación, una bolsa con marihuana, facturas de automóviles, estados de cuenta, fichas de depósito, así como otros indicios que apuntaban a ilícitos de narcotráfico en la capital del país.
Entre los detenidos destacó Soberanes Ramos, el Socorro, además de Eusebio Gómez Téllez, Armando López Soriano y Juan Gabriel Hurtado Juárez, condenado recientemente a petición de la FGR. Fernando Ortiz Pérez fue detenido en el hospital. Él proporcionó informes para dar con sus cómplices.
Días después, las autoridades informaron que las investigaciones se extendían hasta Coahuila, donde los capturados tenían órdenes de arresto. Incluso parte del documento localizado estaba referenciado en la ciudad de Piedras Negras. La balacera cobró atención en la prensa de la época, porque las versiones apuntaron a un supuesto intento de secuestro y el hallazgo de documentos de la PGR, incluidas órdenes de arresto.
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