Un trágico accidente ha conmocionado a gran parte del país desde el pasado miércoles cuando se anunció que un grupo de trabajadores quedó atrapado en una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila.

Hasta el momento, diez mineros continúan atrapados mientras que cinco más ya fueron rescatados y trasladados a un hospital para su pronta atención médica; dos de ellos ya fueron dados de alta.

Este jueves las labores de rescate han continuado en el sitio del siniestro, sin embargo, en redes sociales el colectivo Pasta de Conchos -cuyo objetivo es velar por la promoción y defensa de los derechos laborales de los mineros del carbón- denunció que el accidente que mantiene a los trabajadores atrapados y a sus familias en incertidumbre no es más que el resultado de múltiples irregularidades y omisiones que se venían advirtiendo desde hace algún tiempo atrás.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el colectivo aseguró que fueron las condiciones estructurales de la mina las que provocaron el siniestro, al igual que como sucedió el 19 de febrero de 2006 en el desastre minero de Pasta de Conchos, en el cual, a causa de una acumulación de gases se provocó una potente explosión que colapsó varios túneles en la mina del mismo nombre ubicada en el municipio de San Juan de Sabina, Coahuila.

De acuerdo con el comunicado del colectivo, los estragos del desastre de Pasta de Conchos aún no se han revertido y en el sector minero de la entidad aún prevalece la falta de inspecciones, la complicidad con las empresas, y desprotección de trabajadores, lo que propicia a que las tragedias continúen sucediendo tal y como se repitió en la mina de Muzquiz en 2021.

La organización civil defensora de los derechos laborales de los trabajadores mineros también denunció que las autoridades no han sido totalmente transparentes en el manejo de información sobre los afectados pues han cambiado constantemente el número de mineros que se encuentran atrapados tras el derrumbe.

Al igual que millones de mexicanos en el país, los trabajadores atrapados en la mina de Sabinas se encontraban cumpliendo su jornada laboral cuando la tragedia los alcanzó y no pudieron regresar a sus hogares.

Aunque bajo otras circunstancias podría considerarse un accidente más de los múltiples que se suscitan diariamente en el país, la realidad es que las condiciones bajo las cuales la mina se encontraba es considerado uno de los factores principales que propició el derrumbe.

Es así como el colectivo Pasta de Conchos expuso que la mina de Sabinas en donde permanecen atrapados al menos 10 trabajadores tiene aproximadamente 65 metros de profundidad así como tres pozos de carbón que no cuentan con paredes construidas de material para evitar un posible colapso.

Asimismo, señalaron que los trabajadores quedaron atrapados porque no se tomaron medidas de seguridad como barrenar las paredes para identificar una posible acumulación de agua o de gas.

Las pésimas condiciones de su lugar de trabajo son el resultado de la omisión del Estado Mexicano para tomar medidas de no repetición y las lecciones que han dejado tragedias anteriores como la de 2006 o la de 2021 y por las cuales, el colectivo Pasta de Conchos ha denunciado durante tantos años.

Bajo ese tenor la organización civil defensora de los derechos humanos hizo un llamado al Estado Mexicano para realizar las diligencias que estén a su alcance para el rescate, así como revisar a fondo las condiciones laborales y de riesgo de la minería en la zona y el Estado.

Hace 16 años, un 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, sufrió una terrible explosión por una acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina.

La explosión en la mina, propiedad de la empresa Grupo México, del empresario German Larrea, el segundo hombre más rico de México, dejó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir; mientras que 65 mineros murieron, según datos recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al igual que el percance de este 2022, en aquella tragedia el lugar ya había tenido reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas anteriormente detectadas.

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