La tarde del martes 2 de agosto, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, sostuvo un breve y atropellado dialogo con activistas y madres buscadoras de sus hijos e hijas desaparecidas en el país.

El encuentro ocurrió a las afueras del edificio de la Segob, ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Las manifestantes, quienes aseguraron que ya llevaban más de 15 días en las inmediaciones de la dependencia, acudieron para solicitar una audiencia formal con el funcionario debido a la persecución que, señalaron, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició en contra de diversos colectivos feministas.

— Nosotras, como mujeres mexicanas, le solicitamos que nos reciba —dijo una mujer al secretario de Gobernación.

— Sí, ya estoy platicando con ustedes.

—Queremos un documento firmado y sellado —interrumpió otra manifestante.

En ese instante, Augusto López se dio la vuelta para preguntarle a la mujer si ella confiaba en él, a lo que ella respondió con la negativa de “la verdad yo no confío en nadie”. La contestación del funcionario, para explicar que el sentimiento era recíproco, fue “bueno, pues yo tampoco confío en usted”.

Su respuesta provocó múltiples reacciones entre distintas figuras públicas, así como entre la ciudadanía, pues consideraron que su comentario estuvo fuera de lugar y reflejó una gran insensibilidad.

Uno de los reproches más notables hacia el tabasqueño que encabeza la Segob fue emitido a través de un comunicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización civil que ofrece acompañamiento a las víctimas de actos que hayan vulnerado sus derechos.

En la carta abierta difundida en sus redes sociales, la CMDPDH calificó como arrogante y lamentable la respuesta emitida por parte del funcionario, ya que los grupos de madres y familiares de personas desaparecidas únicamente ejercían su derecho a la protesta y a exigir verdad.

La organización hizo pública su indignación y se dirigió directamente a Adán Augusto López para explicar que “la falta de confianza que tienen las víctimas en las instituciones del Estado que usted representa es una posición legítima y justificada en evidencia”.

Apuntaron, además, que la respuesta que ofreció, en su papel de servidor público, revictimiza a las familias y evidencia la indolencia del gobierno. “Al decir que no confía en una madre de un desaparecido, desdeña su sufrimiento y omite flagrantemente sus obligaciones constitucionales”.

En adición a ello, citaron la Ley General de Víctimas y puntualizaron que uno de sus principales ejes es el principio de la buena fe, el cual obliga a las autoridades del Estado a confiar en la palabra de las víctimas, así como a no criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación.

Por esto, la CMDPDH consideró que “su actuar frente a la razonable petición de un grupo de víctimas no solo es abiertamente infame y reprochable, sino que es violatorio de la ley”.

Finalmente, la organización hizo un llamado al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación para iniciar una investigación sobre posibles faltas administrativas, así como a la Asesoría Jurídica Federal de la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de atender los casos de desaparición forzada de las manifestantes, pero también para brindarles asesoría y revisar la posibilidad de presentar acciones legales contra la Segob.

La indignación que generó el comentario del político tabasqueño inundó las redes sociales y en plataformas como Twitter comenzaron a circular publicaciones con el hashtag #PatanAugusto, con el que los usuarios reprocharon su respuesta.

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