Tras ocho días de que el gobierno de Estados Unidos notificó a las autoridades mexicanas una queja laboral sobre una planta de autopartes en el estado de Coahuila, la Secretaría de Economía (SE) informó la tarde de este viernes que sí revisará el caso.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Tatiana Clouthier señaló que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y demás agentes involucrados, investigarán sí existe o existió una denegación de derechos laborales en la planta VU Manufacturing, ubicada en Piedras Negras. Esto en cumplimiento de los acuerdos del Anexo 31-A del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México tenía 10 días para determinar si aceptaba la solicitud de EEUU.

Y es que el pasado 21 de julio la oficina de la Representación Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Katherine Tai, aseguró en un comunicado que a los trabajadores de dicha planta se les negó el derecho a la libre asociación y de contratación colectiva.

Cabe mencionar que un mes antes, dos organizaciones sindicales de México presentaron la petición a EEUU por no permitírseles elegir al sindicato de su elección y tener un contrato colectivo, incumpliendo los acuerdos del T-MEC.

Por ello, la funcionaria agregó que solicitó al Departamento del Tesoro que suspenda la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la instalación de VU Manufacturing.

La planta produce piezas para interiores de automóviles, como apoyabrazos y tapicería de puertas para varias marcas, entre otras piezas.

La USTR detalló que por tercera vez en este año se activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que se contempla en el T-MEC. Hace unas semanas lo hizo para la planta Teksid Hierro en Frontera, Coahuila y Panasonic, en Reynosa, Tamaulipas, de todas estas ya se resolvió el segundo caso.

Además, en 2021 se resolvieron también los casos de General Motors, en la planta de Guanajuato, así como la de Tridonex, también en Tamaulipas, que fueron los primeros que presentó el gobierno estadounidense bajo ese mecanismo.

El pasado 20 de julio, la USTR informó a través de un comunicado que el gobierno de EEUU solicitó el establecimiento de un proceso de consultas en el marco del T-MEC, sobre el incumplimiento de México en los acuerdos en materia energética.

La funcionaria del presidente Biden acusó al gobierno de López Obrador de violar las reglas del para socavar a empresas estadunidenses productoras de electricidad para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el documento expuso que las acciones de México incluyen, entre otras, enmiendas a la ley de electricidad de México que priorizarían la distribución de energía generada por CFE sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar. También incluyen las demoras, denegaciones y revocaciones por parte de México de las capacidades de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a proyectos de energía renovable.

Además, aseguró que han cortado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, incluidos pasos significativos para revertir las reformas que México realizó anteriormente para cumplir con sus objetivos climáticos en virtud del Acuerdo de París.

“Los cambios de política de México amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano. Para alcanzar nuestros objetivos económicos y de desarrollo regional compartidos y los objetivos climáticos, las cadenas de suministro actuales y futuras necesitan energía limpia, confiable y asequible”, subrayó Tai.

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